Los relatos en las redes sociales se inundaron de padres y -sobre todo- de madres agobiadas por la superposición de tareas dentro del hogar, a las que se sumó también el acompañamiento de los niños en un atípico año escolar. La pandemia dio vuelta todas las rutinas. Si bien la Argentina fue, según ONU Mujeres, el país que mayor número de medidas con perspectivas de género implementó para abordar la crisis del covid-19, es innegable que las modificaciones de las costumbres de la “vieja normalidad” reforzaron una desigualdad estructural que se reproduce en todos los hogares: son ellas las encargadas “naturales” de las tareas domésticas y de cuidado. Pero esto puede cambiar: la apuesta política de la actual gestión nacional es que, durante 2021, se sancione una nueva ley integral de cuidados, en la que el Estado reconozca y provea algo tan básico como espacios y profesionales que cuiden a personas que requieran de estos servicios.
El gran consenso que deja 2020, tanto en el sector público como en el privado, es que la economía del cuidado es un sector fundamental para el desarrollo económico inclusivo del país. La creación de más espacios de cuidados de niños y personas mayores podría estimular una mayor tasa de actividad entre las mujeres, lo que aportaría al crecimiento de la fuerza laboral y, por ende, hace al movimiento de la rueda de la economía. Además, esos nuevos espacios requieren de personas entrenadas y capacitadas, lo que permitiría profesionalizar ciertos oficios y elevar su remuneración. A la par de un fortalecimiento de estos espacios, la agenda también contempla una modificación de los esquemas de licencias, para estimular la co-responsabilidad entre quienes deciden tener hijos. Argentina es uno de los países de América latina con uno de los peores regímenes de licencias por nacimiento: solo dos días corridos para los padres y 90 días para las madres, incluso por debajo de los 98 días mínimos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo.
El primer paso en el fortalecimiento de esta agenda lo dio el gobierno nacional, al elevar al rango de ministerio al área de Mujeres, Géneros y Diversidad. Fue desde allí que se coordinó la Mesa Interministerial de Cuidados, a cargo de la economista Lucía Cirmi Obón, y que puso a trabajar de manera conjunta a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para implementar políticas transversales. Además, se impulsó una campaña nacional para, a través de parlamentos territoriales a lo largo de todo el país, conocer las modalidades con las cuales se organizan los cuidados de manera comunitaria y que esto pueda ser contemplado en las nuevas regulaciones.
¿De qué aporte económico hablamos cuando nos referimos al trabajo doméstico y de cuidados que se hacen en los hogares y que no tienen valor de mercado? La cifra la aportó otra flamante dependencia del Ejecutivo: la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, a cargo de la economista Mercedes D´Alessandro. Si se cuentan todas las horas dedicadas a estas tareas y se les ponen el valor de la hora que perciben las personas que trabajan de esto, equivale al 15,9% del PBI y mueve alrededor de $4 billones de pesos. “Es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13,0%)”, aseguró el informe en el que se revelaron las cifras.
El estudio encontró que, por día, en la Argentina se dedican 127 millones de horas diarias a tareas domésticas y de cuidado. Para ponerle un precio a todas esas horas trabajadas, el Ministerio de Economía tomó como referencia el ingreso promedio del personal de casas particulares, que en el cuarto trimestre de 2019 fue $86,1 pesos. Esto permite concluir que, de pagar todas esas horas de trabajo, costaría alrededor de $4 billones de pesos. Pero ese trabajo, además de que no tiene retribución económica, no se realiza de manera equitativa en los hogares.
El esfuerzo por medir el aporte de los trabajos domésticos y de cuidados no es solo de Argentina, sino que es una medida que se utiliza a nivel mundial. La OIT calcula que el aporte de estos trabajos al PBI global asciende a 9%. En la región los números van del 15% al 24%: en Ecuador significa un 15,2% del PBI; en Costa Rica un 15,7%; en Guatemala un 18,8%; Colombia un 20,4%; en Perú un 20,4%. Desde el sector privado, varias entidades avanzaron en el reconocimiento de esta agenda. La Unión Industrial Argentina, pero también un grupo de más de 200 mujeres empresarias, sindicalistas, referentes de ONG y activistas lanzaron #AgendaPorLaIgualdad, un compromiso público que propone avanzar en la igualdad de género en la Argentina. Los objetivos que las impulsan son tres. En primer lugar, promover la contratación de mujeres en empleos formales del sector privado y fomentar una mejor participación de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, incluyendo empresas lideradas por mujeres. Segundo, redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado. Y, en tercer lugar, romper los estereotipos y fomentar y visibilizar la participación de las mujeres. El año que se termina fue el año en el que se empezó a consolidar la perspectiva de género en la gestión de la economía. 2021 traerá una ley que atienda una de las demandas históricas de los movimientos de mujeres.
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