Una acción de amparo para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que afecte recursos humanos y materiales tendientes a evitar la propagación del brote de fiebre aftosa fue presentada ayer ante la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland.
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La demanda fue iniciada por el abogado Carlos Díaz quien, en su carácter de «ciudadano», solicitó que «de manera inmediata» se adopten medidas para preservar a las diferentes especies animales que se encuentran expuestas al contagio del virus. El letrado sostuvo que, como el PEN no ejerce su «indelegable» poder de policía, la Justicia debe intervenir para que se realicen las «acciones necesarias» que impidan la difusión de la fiebre aftosa en la Argentina y se cumpla con la garantía constitucional de «evitar daños a la ganadería».
El abogado quiere que se disponga un control de fronteras «suficiente» para prohibir el ingreso de animales vivos o productos derivados al país.
Como habitante de la localidad bonaerense de Arrecifes, Díaz expuso que la economía agropecuaria «resulta sustancial como medio de vida social» ya que, «andando mal el campo, el resto de la población sufre las consecuencias».
Incapacidad
El letrado citó publicaciones sobre las «dificultades» que trae aparejado el brote de aftosa, debido a lo que consideró una «inoperancia e incapacidad» del Estado nacional para realizar un «control cierto y efectivo». Díaz expresó que durante la gestión del ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Antonio Berhongaray, «se pretendió negar el brote de fiebre aftosa para impedir así que disminuyera el 'status' alcanzado internacionalmente por nuestro país, pero lo único que se consiguió fue evitar ponerse a trabajar con celeridad en el control y erradicación del mal».
