20 de mayo 2002 - 00:00

Dicen en el campo...

...que otra vez va a haber conflicto con el gremio de los trabajadores rurales. Es que UATRE, el sindicato que los agrupa y que comanda el controvertido Gerónimo «Momo» Benegas, logró sacar del Ministerio de Trabajo una más que controvertida normativa por la que se reinstalan las bolsas de trabajo. Si bien la norma -por ahora- se refiere a la carga, descarga y almacenamiento de granos, sienta un alarmante precedente, a partir del cual puede hacerse extensivo a todo el resto de las actividades. Entre otros aspectos, además de eliminar la libre contratación (que instituye la propia Constitución Nacional), por lo que se contrapone a la máxima ley nacional, lo cual ya es suficientemente grave, tampoco especifica que la inscripción a estas bolsas vaya a ser gratuita para los empleados, y se teme, además, que de ahí a la afiliación obligatoria al propio sindicato haya solo un paso. La medida causó sorpresa entre los dirigentes de las distintas entidades, ya que, no sólo no pasó por la Comisión de Trabajo Agrario (lo cual ya le da una validez discutible, y algunos ya amenazan con elevar el reclamo a la OIT en Ginebra), sino que, además, aparentemente ni siquiera está inicialada por el área de jurídicos del Ministerio. «Siguen encareciendo la mano de obra, sin beneficio para los empleados y, encima, no se sabe adónde van a parar todos estos montos, porque ni la obra social funciona. La atención es rotativa y sólo en las zonas donde los reclamos son más fuertes. En el resto no hay nada», se quejaba un productor alarmado, también, por el hecho de que ahora ni los gremios ni las obras sociales están obligados a presentar sus balances, lo que hace imposible saber la asignación de semejantes recursos. Evidentemente, la nueva ministra Graciela Camaño parece que va a tener que tomar cartas en el asunto.

...que el aún irresuelto conflicto por los agroquímicos ya entró en tiempo de descuento. De aquí en más, su mantenimiento va a ir en detrimento de la próxima cosecha. Pero, si bien hay bastante acercamiento entre las posiciones de los productores (que quieren, en muchos casos, que vuelvan a pesificar las deudas derogando la controvertida Resolución 10) y los proveedores (que, naturalmente, pretenden el mantenimiento de la excepción que permite la dolarización de estas deudas), todavía hay un largo camino que recorrer, incluso en el propio gobierno, donde son varias las áreas que participan -o deberían hacerlo-: Agricultura, Comercio, Lealtad Comercial, Economía, etcétera. Como siempre, cuando los conflictos se prolongan tanto tiempo como en este caso (5 meses), las posiciones de ambos grupos dejan de ser homogéneas, incluso entre las propias industrias proveedoras de insumos, donde ya algunos, en voz baja, comienzan a señalar que éste «es más un conflicto de algunos gerentes ante sus casas matrices, para poder justificar el manejo financiero que hicieron, que de las mismas empresas». También se están discutiendo los montos morosos en juego. «Sobre un total de alrededor de u$s 1.500 millones de cada campaña (unos 650 de agroquímicos, 450 millones de fertilizantes y otro tanto de semillas), lo que resta acordar no puede superar los u$s 700-800 millones como máximo», reconocía un distribuidor. Lo cierto es que mientras se trata de compatibilizar las posiciones más extremas, algunos productores importantes ya comenzaron a organizarse para importar directamente los productos o los componentes y formularlos localmente, al menos los más habituales (lo cual alarma a algunas transnacionales). Y también, comienzan a aparecer algunas ideas de financiación para la campaña que se está iniciando, pues, si bien los agricultores requieren los productos, también las empresas necesitan vender, especialmente en algunos casos, como en semillas, que ya están producidas.

...que las diferencias entre el nuevo titular de Agricultura, Rafael Delpech, y el responsable del SENASA, Bernardo Cané, son tan públicas que a nadie sorprendió demasiado que el primero de ellos le hubiera llegado a solicitar la renuncia al sanitarista la semana pasada, especialmente después de los traspiés recientes en el área de fruticultura, con la reaparición de la cancrosis de los citrus en el NOA, única zona del país desde la que se podían exportar estos productos al Hemisferio Norte, y de que Brasil cerrara la frontera a las peras y manzanas del Alto Valle por los niveles de carpocapsa que estaban presentando las partidas, debido a los déficit en los controles. Lo que no muchos saben es que Cané también tuvo un fuerte encontronazo con Roberto Lavagna, hace unos meses, cuando ninguno de los dos suponía que el economista terminaría como ministro de Economía y, por ende, autoridad máxima del área, ya que el SENASA depende de Agricultura y ésta ahora volvió a depender de Economía hasta que se decida qué pasará con el efímero Ministerio de la Producción de José Ignacio de Mendiguren. De todos modos, de mantenerse la medida adoptada el viernes, por la cual quedan sin efecto todos los nombramientos anteriores a fines de diciembre pasado, la titularidad del SENASA podría quedar vacante de hecho, cortándose así -y en esta instancia- la carrera del funcionario que perduró a 5 presidentes, desde De la Rúa hasta el actual Duhalde, y a 4 secretarios del área.

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