El recálculo de la deuda, su actualización con tasa de interés no mayor de 5% anual y cinco años de gracia son algunos de los puntos que se incluirán en un proyecto de ley que elaboran los dirigentes de base de la Federación Agraria Argentina (FAA) para elevar al Congreso de la Nación.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Asimismo, la entidad que preside Eduardo Buzzi propone implementar cuotas determinadas en función de la rentabilidad del sector, la suspensión de ejecuciones e intimaciones y la creación de un fondo fiduciario y emisión de un bono de cancelación de deudas. Dirigentes de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Mendoza, La Pampa y Catamarca, entre otras provincias, junto con miembros de la conducción nacional, analizaron el «gravísimo panorama del endeudamiento sectorial que compromete el futuro de miles de pequeñas y medianas empresas agropecuarias de todo el país», informó la entidad a través de un comunicado.
En este contexto se analizó también la falta de rentabilidad dado que «ni aun con una importante cosecha como la que se está realizando se logró aliviar la gravedad del endeudamiento», aseguraron los agrarios. «Si se hubieran obtenido precios razonables para nuestras producciones -estimaron los participantes-, los resultados económicos habrían contribuido no sólo a cancelar deudas, sino también a adquirir mayor tecnología para mejorar aun más los niveles de producción.» Durante el encuentro, se planteó como imprescindible una política de precios agropecuarios «que evite la recurrente situación de quebranto que enfrentan cada año los productores al momento de realizar sus cosechas, lo que constituye la razón central del endeudamiento, que se agrava por los niveles usurarios del costo financiero, que multiplica casi geométricamente las deudas originales». El reclamo se orienta al establecimiento de un precio mínimo, según escala económica de los productores, «con sentido claramente progresivo». Además, se incluyen medidas relativas al sistema tributario, costos crecientes de insumos, combustibles y servicios privatizados.
