Inversiones en el campo necesitan la reducción de la incertidumbre

Las perdidas en los ingresos de los productores por causas climáticas eran resueltas a través de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

El sector agropecuario argentino presenta la particularidad de crecer en producción, paradójicamente dentro de un contexto que podríamos comparar con el de un trapecista que realiza su acto con los ojos vendados y sin red de protección.

A su inserción en un mercado internacional sensiblemente distorsionado por las políticas agropecuarias proteccionistas de los países desarrollados, se deben sumar las condiciones internas que le dan a su actividad un quantum de incertidumbre que no sucede en otras latitudes.

De las incertidumbres que condicionan la inversión del empresario agropecuario y la hacen más lábil, podemos mencionar tres sustantivas: la climática, la de precios y la macroeconómica, con especial énfasis en el financiamiento.

•Confianza

Desde principios de 2000, el gobierno comenzó a generar políticas activas que atacaron el primer condicionamiento, y que estaban vinculadas a cómo hacer confiable un flujo de ingresos y egresos calculado ex ante de la toma de decisión, disminuyendo el efecto financiero de una pérdida o deterioro de las cosechas por efecto de factores climáticos. Fue a partir de ese año que el Banco Nación hizo punta en el aseguramiento de sus créditos de evolución con una cobertura de seguros multirriesgo. Otros bancos siguieron el mismo camino. De esta manera, los productores que toman crédito se garantizan la continuidad de sus operaciones en el caso de que el clima les fuera adverso.

Ahora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación lanza un programa de Protección Básica por Area (PBA), que se llevará a cabo, a modo de plan piloto, en áreas específicas de las cinco provincias de la Pampa Húmeda y estará destinada luego de tres años a garantizar monetariamente el costo de producción de casi 50% de la producción de trigo, cebada, maíz, soja y girasol.

Tal programa busca indemnizar a los productores ante eventos climáticos severos y de amplia afectación geográfica (sequías, heladas, exceso de agua, etc.), a través de un sistema de seguros de gran confiabilidad y que permitan, a su vez, el desarrollo de otros seguros agrícolas baratos ofrecidos por el sector privado, de manera tal que la confluencia de las opciones (pública y privada) le dé al productor una cobertura de gran espectro (costos más rentabilidad) sin incrementos sustantivos de sus costos de inversión y producción.

Hasta el presente, las caídas en el ingreso de los productores por causas climáticas eran pretendidamente resueltas a través de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Ley que podría ser beneficiosa en épocas de alta inflación, ya que el diferimiento en el pago de los impuestos y de la amortización de las deudas bancarias llevaba a su licuación. Pero en estos tiempos en donde prevalece el estancamiento de los índices de precios, cuando no su deflación, el efecto es el contrario, ya que se acumulan las deudas que deben pagarse, postergando en el tiempo el colapso financiero inevitable y haciendo que el productor desaparezca en la práctica como sujeto de crédito. Para el Estado, el programa de Protección Básica por Area (PBA) permitirá conocer de antemano cuál será el costo fiscal necesario para garantizar que los productores permanezcan en sus actividades, evitando la presión sobre las cuentas públicas y, sobre todo, permitirá que la ayuda llegue a tiempo y en forma de dinero. Paralelamente, permitirá que disminuya el provisionamiento que los bancos, sobre todo el BNA, realizan sobre sus carteras en mora, quitando recursos al financiamiento de la actividad y aumentando la tasa de interés sobre los restantes.

•Garantía

La PBA garantizará entre 40 y 65% del rendimiento de las áreas de producción de granos de la cosecha fina y gruesa comentados más arriba de departamentos predeterminados de las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Estos rendimientos cubren los gastos directos de producción incluyendo una parte de los gastos de cosecha.

Los departamentos han sido elegidos por el alto nivel de información con el que se cuenta y que permite determinar áreas agroecológicas homogéneas de aproximadamente 50.000 hectáreas cada una.

El proyecto prevé desarrollar progresivamente este tipo de información para todo el país, conformando un mapa de riesgo climático de producción, que sirva para el fortalecimiento del uso del seguro climático agrícola en la Argentina.

El esquema operativo del PBA es simple: la SAGPyA contrata una póliza de Protección Básica por Area a través de un proceso licitatorio, para posteriormente ceder el beneficio a los productores adheridos voluntariamente al sistema. Esta adhesión podrá realizarse a través de las compañías de seguros, entidades intermedias, empresas o cooperativas habilitadas. El costo para el productor se estima entre los 30 y 40 centavos por ha, que estarán destinados a financiar el costo del control de rendimientos que será llevado a cabo por el INTA.

Para asegurar mayor confiabilidad del sistema a los usuarios y a las compañías reaseguradoras internacionales, todo el proceso de toma de datos y procesamiento de información contará con auditorías externas.

Este programa de Protección Básica por Area representa, tal vez, el punto de partida para la consolidación de una economía agropecuaria basada en empresarios agropecuarios que diseñan sus inversiones para el largo plazo, para que su capitalización tenga como destino más inversiones en el sector, de manera tal que el fortalecimiento del productor garantice un proceso de desarrollo sostenible en el tiempo.