El Poder Ejecutivo señaló su intención de no aplicar retenciones a las exportaciones de granos. Sin embargo, el desfase entre el dólar oficial y el paralelo y la falta de devolución del IVA a las compañías exportadoras por parte del Estado generan en la práctica una retención de hecho sobre el precio percibido por los productores agropecuarios. El ejemplo más claro de esta situación se presenta en el valor del trigo. Una tonelada del cereal argentino se exporta en la actualidad con una cotización internacional de 109 dólares por tonelada, desde el puerto de Rosario. De esta forma, el Estado recibe 109 dólares en billetes al concretarse esta operación, pero -luego de transformar esta suma al tipo de cambio oficialentrega 152 pesos al exportador. Dicho exportador debería trasladar ese precio al mercado interno (menos los gastos pertinentes a la exportación) y éste ser tomado por el productor agrícola.
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Sin embargo, debido a que el exportador no está percibiendo el reintegro de IVA por parte del Estado (y dada la situación del país es difícil pensar que en el futuro cercano esto se modifique), auto-máticamente el exportador traslada este «atraso» y ofrece un menor precio al productor. Esta actitud es económicamente lógica por parte de los exportadores, dado que sería ingenuo pensar que en la cadena comercial va a haber un eslabón que esté dispuesto a perder 21% de su margen de rentabilidad (que en este caso es el IVA adeudado por el Estado argentino). Todo esto hace que el empresario agrícola perciba un precio menor al que marca el mercado inter-na cional. Es decir: de los 109 dólares iniciales al cual se exporta la tonelada de trigo, el Estado le «quita» a ese precio la diferencia entre el dólar libre y el oficial, y además el exportador le traslada al productor el «atraso» en el cobro de IVA. De esta manera, el productor termina percibiendo 120 o 130 pesos por tonelada. Este valor está bastante alejado de los 150 pesos que podría recibir al tipo de cambio oficial o de los 190 pesos con un dólar de flotación libre; por lo tanto, esto indica que existe una retención implícita que trae aparejada una disminución del poder de pago de las empresas agrícolas respecto de lo que éstas percibían antes del 6 de enero.
· IVA
En caso de ir hacia un tipo de cambio flotante y único, se eliminaría la retención genera-da a partir de los diferentes tipos de cambio (libre/oficial), pero aun así quedaría vigente la retención ocasionada por el traslado del IVA. Por lo tanto, una empresa agrícola que registrará su ingreso disminuido en un porcentaje importante y que además deberá afrontar un aumento de los costos de sus insumos y en muchos casos también de sus deudas a por lo menos 1,40 pesos por dólar, concretamente no habrá sido beneficiada con las nuevas medidas. Quizás las autoridades entienden que el sector agropecuario está integrado principalmente por el sector productor de granos y no por el ganadero, el lechero y las economías regionales, que sin duda se han perjudicado con las nuevas medidas. O bien, cuando interpretan que el sector agropecuario ha sido beneficiado por las nuevas medidas, en realidad se refieren a que el sector granario no ha sido el más perjudicado comparándolo con otras actividades. Cuando los gobernantes indican que no se van a poner retenciones a las exportaciones de granos, en realidad se refieren a que no lo harán en forma explícita (a diferencia del caso de los hidrocarburos), pero debe saberse que las retenciones actualmente existen y existirán mientras perduren las actuales medidas. En las difíciles circunstancias actuales, no se buscan privilegios. Ni siquiera se pretende emitir una opinión acerca de si las medidas son justas o no. Pero se busca clarificar lo que sucede y determinar que actualmente existen retenciones y que el sector en general no ha sido beneficiado. A lo sumo, el sector productor de granos ha sido menos perjudicado que otros, pero sin lugar a dudas va a disminuir su capacidad de pago. Entender los problemas es el primer paso para intentar resolverlos.
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