La cultura cívica mostrada por esos productores -organizados en red-explica la emergencia inversora que no sólo avala la investigación del Estado, sino que la complementa con trabajos intelectuales adicionales. La cultura cívica se basa en la aceptación y adhesión de la autoridad política, la creencia en las posibilidades de influir las decisiones políticas y la confianza en los conciudadanos.
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En el avance de nuevas formas de hacer crecer el aparato productivo, se nota el desarrollo de los sistemas de derechos de propiedad, luego de superados los tiempos de inestabilidad. Y así, ya ingresados de lleno en la década del 90, con el país más inserto en el mundo, surgen nuevos ímpetus de inversión. Es que no cabe duda: la garantía de desarrollo e inversión se basa en el pleno ejercicio del derecho de propiedad. Hernando de Soto, en su libro «El misterio del capital», lo expresa así: «A diferencia de los tigres y los lobos, que enseñan los dientes para proteger su territorio, el hombre, físicamente mucho más débil que las fieras, ha usado la mente para crear un entorno legal -la propiedad-que protege su territorio».
El explosivo crecimiento de la producción granaria puede explicarse, en gran parte, por la mayor estabilidad legal que permitió un acentuado crecimiento en el mercado de arrendamientos, sin que los propietarios temieran por sus bienes raíces. A las adversidades de la globalización se les contrapusieron las normas legales que permitieron paliar los problemas de los pequeños productores. Una verdadera ingeniería contraactual surgió espontáneamente. Esto explica la red agrícola.
Es cierto que la globalización trae consigo la expulsión de mano de obra hacia las urbes. Sin embargo, esta misma permite que, dadas las condiciones institucionales correspondientes, se levanten industrias ligadas al agro, en los eslabones que lo anteceden y en los que lo siguen, en pequeñas y medianas localidades del interior del país. Claro está, para que ello se expanda, es necesario que el Estado aporte infraestructura en el interior del país.
Vale destacar que al terminar la década pasada, la Argentina pasa a ser el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja. Cuantiosas sumas de dinero destinadas a incrementar la capacidad de trituración de soja y mejorar la infraestructura logística portuaria han dado resultados envidiables. Las importantes inversiones y la especialización creciente, que continúan hasta el presente, han llevado a nuestro país a esta posición.
En tal cuadro, la Argentina logra una determinada forma de especialización que no es, justamente, la que presenta mayores oportunidades para el desarrollo. Al especializarse como proveedora de materia prima para el engorde de animales en el exterior, ha dejado de lado el potencial existente para generar mayor valor agregado. Es un caso, que deja perplejo a quien analiza la cuestión, de desaprovechamiento de sus posibilidades. Varias causas amortiguan la responsabilidad argentina en este cuadro. Por un lado, el mundo privilegia el proceso de agregación de valor en los mercados de destino. Así resulta más fácil ingresar en los mercados externos con harina de soja que con carne aviar. A ello se agrega la estrategia de los gobiernos que sobre la base de medidas paraarancelarias limitan la entrada de productos con mayor elaboración. Apartir de la década del 90, la Argentina ingresa en una etapa de acentuado desarrollo agrícola. De la mano de muchos productores, comienza a establecerse una cultura solidaria de innovación tecnológica que es envidia de la comunidad mundial.
La gran diferencia que mantiene con las restantes naciones de alta producción agraria es una importante ausencia: la total falta de subsidios a la producción y la exportación. Por el contrario, en la Argentina durante muchos años se ha aplicado la estrategia de financiar al sector no agrícola con derechos de exportación que gravan las ventas al exterior de productos agroindustriales. Es que el contexto tan competitivo ubica al mundo agrícola en un cuadro de rentabilidad tan ajustado, que buena parte de las naciones tiende a asegurarlo con subsidios.
En este cuadro los derechos de exportación sólo logran que el poder central se acreciente; en tanto, la capacidad de pago para impuestos provinciales por parte de los integrantes de la red agrícola disminuye. Así, las llamadas retenciones se convierten en una suerte de confiscación que, para peor, no provee mayor financiación en la mejora de la infraestructura zonal. En este esquema, son los pequeños propietarios de la tierra y los pequeños empresarios proveedores los quedan peor parados.
Contrariamente a lo que recomienda De Soto, la actual estrategia impositiva responde fundamentalmente a las necesidades de financiarse y a favorecer a determinados sectores. Y para ello, no duda en quebrar el principio de legalidad en materia impositiva con la aplicación de derechos a la exportación.
Ello induce a los gobiernos provinciales, sea cual fuere su tendencia política, a doblegarse al «monarca». Por ello, puede definirse a la Argentina como una democracia con rasgos autoritarios.
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