Más de 20.000 remolacheros de 21 países protestan en Bruselas contra reforma

Más de 20.000 remolacheros de 21 países de la UE, según los organizadores, y entre ellos al menos varios centenares de españoles, se manifestaron hoy en Bruselas en contra de la reforma de la OCM del azúcar propuesta por la Comisión Europea (CE), que afectaría gravemente al sector.

El secretario general de la Confederación Nacional de Remolacheros (CNR), José Miguel Herrero, afirmó que la propuesta de reforma de la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, "es absolutamente una monstruosidad".

Es además "un auténtico monumento a la insolidaridad" en la UE, agregó Herrero, durante su participación en la marcha, de la que la Policía no ha dado cifras.

La protesta, convocada por la Confederación Internacional de Remolacheros Europeos (CIBE), recorrió el centro de la ciudad y finalizó ante la sede del Consejo de ministros de la UE, donde están reunidos los responsables de Agricultura.

Los ministros del sector de los 25 deben pronunciarse hoy sobre la propuesta de la CE para reformar la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar.

En la manifestación, participaron remolacheros llegados desde España, Polonia, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda, entre otros países.

Con banderas de los 21 países afectados, una tamborrada, pitidos y petardos, los manifestantes avanzaron por la capital comunitaria con pancartas con lemas como el de la organización española Asaja, "No a la propuesta de la Comisión", o la del Comité Intercentros Azucarera Ebro de Comisiones Obreras, que decía "No a la reforma de la OCM del azúcar".

Herrero recordó que la propuesta de la CE compromete el futuro de "20.000 explotaciones de remolacha, así como el de decenas de miles de puestos de trabajo en empresas auxiliares, transportistas, fabricantes de fitosanitarios, semilleros y de abono".

"En total, más de 100.000 empleos", por lo que "puede ser una auténtica catástrofe para la economía española".

A juicio del representante de la CNR, "propuestas como éstas van a provocar un mayor rechazo de los ciudadanos al concepto de la UE" y añadió que "la reforma, en lugar de basarse en la solidaridad en que siempre se basó la UE, lo hace en la competitividad" y beneficia a la producción de los grandes Estados miembros, "a los que se les está haciendo un buen regalo".

Herrero exigió a Fischer-Boel "que no lleve a cabo esta reforma, porque representa la desaparición del sector en España", y le sugirió "que hable más de solidaridad".

"A nuestra ministra (Elena Espinosa) le pedimos que apriete para lograr que no desaparezca (el sector), sino que consiga unas condiciones que permita que un 70 u 80 por ciento de los productores españoles podamos seguir haciendo remolacha".

El presidente de Asaja, Pedro Barato, criticó a los grandes Estados miembros de la UE, y en especial a Francia, Alemania y el Reino Unido, de los que dijo que "quieren quedarse con la remolacha en Europa".

Para ello, "llevan un mensaje totalmente falso al seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque los que producen los excedentes son ellos y no nosotros".

"Ya está bien que tengamos siempre que aceptar las tesis de los mismos", añadió Barato, quien afirmó que hoy recordará a la ministra de Agricultura española que el pasado año, en León, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le aseguró que tratarían el asunto "como una cuestión de Estado" y que como tal "la tiene que cumplir".

El presidente de Asaja cifró en unos 150.000 los empleos comprometidos en España por la reforma propuesta por la CE.

Entre los representantes españoles del sector, el de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel López, dijo que "es una propuesta inaceptable y una agresión en toda regla" que plantea un mercado de la remolacha "a unos precios que no podemos seguir manteniendo y una indemnización a la industria para que se marche".

López, que criticó que se le reste legitimidad al Estado para decidir sobre su sector, afirmó que "la reforma beneficia a las grandes multinacionales" y no a los consumidores.

Además, añadió que la propuesta de la CE "no sólo va en contra de la cohesión social y territorial, sino de los intereses de la agricultura familiar y de los países terceros".

El representante de la COAG recordó que de salir adelante la reforma, sólo en Andalucía, una de las dos grandes comunidades productoras de España, "se verán afectadas 7.500 explotaciones, unos 6.500 empleos y unos 700.000 jornales, el 33 por ciento del total".