El monto reclamado en distintas causas judiciales a empresas agropecuarias, corredores de Bolsa e intermediarios por presunta evasión impositiva ronda los $ 300 millones en el período comprendido entre 2006 y lo que va de 2008, según detallaron fuentes judiciales.
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Durante el año, hasta el mes de agosto, la cantidad de denuncias presentadas asciende a 170 y el reclamo, en monto, supera los $ 140 millones, con una incidencia manifiesta de las organizaciones delictivas dedicadas a brindar la logística necesaria para la «concreción de importantes defraudaciones fiscales», agregaron las fuentes.
El mapa de la evasión agropecuaria incluye a las principales provincias productoras y en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, recientemente se conoció una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, advirtiendo sobre la presunta existencia de una asociación ilícita por irregularidades en el cobro de devoluciones en el pago del IVA. Las fuentes señalaron que las firmas que se encuentran bajo la mira del fisco son, entre otras, «Cargill, Alfred Toepfer, Productos Sudamericanos, Oleaginosa Oeste y Louis Dreyfus».
En dichas actuaciones, tanto el tribunal como la propia Administración Federal de Ingresos Públicos, llevaron adelante medidas probatorias tendientes al avance cualitativo de la pesquisa.
Entre ellas, la citación a indagatoria a una quincena de corredores de cereales entre los que se destaca Héctor Celso Calza; quien ya fuera condenado a 3 años y 7 meses de prisión efectiva por operar con falsos proveedores y expulsado de la Bolsa de Cereales de la ciudad de Rosario.
En el caso de la provincia de Chaco, el Juzgado Federal de Resistencia, libró una importante cantidad de allanamientos con el objetivo de detectar a los integrantes de una asociación criminal que reclutaba personas de bajos recursos y las hacía aparecer como vendedores de cereal, blanqueando así la actividad de los verdaderos productores primarios y alcanzando la evasión una suma cercana a los 10 millones de pesos.
En Córdoba, por su parte, el fisco detectó el accionar de una presunta organización delictiva con ramificaciones en el noroeste del país, que habría reclutado -con diversos engaños- a más de 600 personas en situación de indigencia para inscribirlos como productores de cereal ante la DGI y realizar -en su nombre- operaciones de venta de granos.
La operatoria consistía en la creación de falsos contribuyentes que aparecen facturando el cereal comercializado «en negro» por los productores agropecuarios que se ocultan a través de estos sujetos. Similar «modus operandi» se ha visto reiterado en asociaciones criminales con base en las provincias de Tucumán y La Pampa.
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