Transgénicos, riesgos y oportunidades
La nueva normativa incentivará que los fabricantes exijan certificados a los proveedores de que las materias primas están libres de ingredientes transgénicos, y también podrán solicitar especificación detallada de la cantidad que contienen. Países como Francia defienden el "derecho a saber" y el "principio de precaución" de los consumidores en materia de seguridad alimentaria.
La idea del "principio de precaución" se basa en la necesidad de proteger a la población ante la eventualidad de un riesgo inaceptable para la salud y cuando los datos científicos son "incompletos y controvertidos". En los Estados Unidos creen que esto podría significar un "proteccionismo camuflado" o nuevas formas de barreras para arancelarias.
Significativamente, este año será el primero que mostrará un descenso en la superficie plantada con especies transgénicas en los Estados Unidos, desde que se comenzó a trabajar con esta tecnología en 1996. Sucede que los farmers han percibido los efectos del debate y las resistencias a comprar de países europeos y asiáticos. Incluso en los Estados Unidos empresas como FritoLay, una división de la PepsiCo, dejaron de comprar insumos modificados debido a la presión de una parte de la opinión pública. Por su parte, la inquietud de los consumidores europeos respecto de los alimentos transgénicos, en la que se sustenta la posición de los gobiernos, se potencia por casos como el mal de la vaca loca o las dioxinas.
Claramente, en Europa hay un descreimiento de la sociedad por errores del pasado que no tuvieron que ver con los OGM. Mucha gente desconfía de las autoridades de regulación y de la palabra de los científicos por lo sucedido, por ejemplo, con casos como el del mal de la vaca loca. El argumento pasa por la "necesidad de garantizar la tranquilidad de los consumidores y la seguridad del medio ambiente". Y es razonable.
La medida afectaría a los países exportadores de cereales, como la Argentina, que dedica actualmente casi un 80% de su área sembrada de soja y un 6% de la de maíz a variedades transgénicas. Por supuesto, el objetivo de los europeos es más bien frenar el boom transgénico que llega desde los Estados Unidos.
Ahora los exportadores a Europa deberán probar que la presencia de transgénicos fue accidental, y que no supera el porcentaje estipulado. La Argentina es claramente uno de los países que más se ha beneficiado con los materiales transgénicos. En las empresas cerealeras acusan de "hipócritas" a los europeos, que no se preguntan acerca de los efectos de los pesticidas con los que fumigan su soja no transgénica.
En la empresa Aventis, como en sus competidores Syngenta, Monsanto, DuPont, Basf, Cyanamid y otros, consideran que las nuevas tecnologías van a mejorar la cantidad y la calidad de los alimentos, y que esto va a ser recibido como un beneficio por los consumidores, más tarde o más temprano. Para ellos, la biotecnología es una de las soluciones para el productor, que puede así reducir costos y ganar competitividad. Aventis apuesta en el país a lograr semillas de maíz resistentes a la Diatraea, de soja y maíz resistentes a herbicidas y de algodón con tolerancia a herbicias y resistencia a insectos.
Un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, centrado en plantas genéticamente modificadas para que produzcan sus propios pesticidas, sostiene que en este momento no hay de qué preocuparse a la hora de acercarse a la góndola del supermercado. Aunque opinó que el proceso de insertar genes de una especie en otra no es algo en sí peligroso, se ocupó de llamar a intensificar la regulación sobre estas modificaciones. En este sentido, el informe fue visto como un tenue cambio de la Academia dado que en estudios anteriores había enfatizado la supuesta seguridad y beneficios de los OGM.
Por otro lado, durante años la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aseguró a los consumidores estadounidenses que los alimentos modificados genéticamente (OGM) estaban sujetos a un riguroso proceso de regulación y que no tenían nada que temer de los productos alimenticios alterados por la vía genética.
Sin embargo, en los últimos meses, el temor europeo cruzó el Atlántico y dio lugar a una creciente polémica que las autoridades estadounidenses ya no pudieron ignorar. Un informe de la FDA revela que un 80% de la población desea etiquetas en los OGM y que un 40% quiere pruebas de seguridad obligatorias. En Washington, el Centro para la Seguridad de los Alimentos es una de las varias partes demandantes en un juicio que busca obligar a la FDA a que pida pruebas de seguridad más rigurosas y la colocación obligatoria de etiquetas en todos los OGM.
En alguna medida está instalado que los organismos genéticamente modificados sólo favorecen a los productores del campo, porque bajan sus costos. Pero hay quienes destacan ciertos beneficios ambientales de estas nuevas semillas. En el caso de los Bt, se reducen las aplicaciones de insecticidas y se logran granos más sanos, que en consecuencia sufren menos ataques de hongos. En el caso de la soja RR (Roundup Ready), el impacto ambiental favorable se basa en la facilidad de su cultivo en siembra directa, que permite recuperar suelos erosionados. Se logran varios efectos en cadena, empezando por la captación de CO2 del aire que queda almacenado en la materia orgánica del suelo.
Las estimaciones dan cuenta de que el uso de variedades transgénicas de soja producen un promedio de ahorro de 56 dólares por hectárea en el control de malezas. Por su parte, el International Rice Research Institute ha colaborado en el desarrollo de un arroz resistente a un virus que es el culpable de la pérdida anual de 7 millones de toneladas.
Vale destacar que, de la producción mundial de alimentos, el 64% es consumido por los humanos, el 14% los consumen las plagas, el 12% las enfermedades y el 10% las malezas. La misión es mejorar estas proporciones, aumentando la "torta" y defendiendo el rendimiento. Produce sorpresa saber que en el Hemisferio Norte, un solo insecto (parecido a nuestra Diatraea saccharalis) se come el alimento de 60 millones de personas.
Lo defensores enumeran varias ventajas a la hora de proponer que el país no se quede fuera de la era biotecnológica en el campo: sostienen que las nuevas variedades son benéficas para el medio ambiente y para el agricultor, porque reducen sus costos; y también para la población, sobre todo para los sectores más pobres, dado que hará disponibles más alimentos y bajará sus precios. A la baja en los precios de los comestibles se debe sumar su impacto favorable en los niveles de desnutrición. Y desde el punto de vista medioambientalista, de estas técnicas prometen un menor uso de insumos, especialmente pesticidas y herbicidas. Pero no puede desconocerse que la gente se preocupa sobre el posible efecto sobre la salud humana de las nuevas tecnologías. Pero los entendidos recuerdan que la tecnología es nueva, pero el proceso de introducir genes de otras especies para mejorar los cultivos es muy antiguo.
Existen argumentos a favor y en contra del uso de cultivos transgénicos con tolerancia a los herbicidas y resistencia a plagas y virus, así como dudas acerca de sus efectos. Preocupa especialmente la posibilidad de que los genes transgénicos puedan llegar a insertarse en los genomas de las malezas. Jeremy Rifkin, en su libro El siglo de la biotecnología (Grijalbo, 1999), destaca que los ecologistas han empezado a alertar sobre los peligros del "flujo de genes": la transferencia de genes transgénicos de los cultivos a las malezas emparentadas con ellos. Los genes transgénicos podrían escapar e insertarse en los genomas de las malezas, creando yuyos resistentes a los herbicidas, las pestes y los virus.
Según Rifkin, esos temores se vieron confirmados en 1996 cuando un equipo de investigación danés observó la transferencia de un transgén al genoma de una hierba silvestre (las compañías de biotecnología lo consideraban una posibilidad remota o inexistente).
Es importante señalar también que la industria del seguro decidió que no aseguraría la liberación de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente contra la posibilidad de daños ambientales porque se carece de una ciencia de evaluación de riesgos -una ecología predictiva- para evaluar las consecuencias de una introducción. A falta de un saber científico fehaciente sobre la interacción de los organismos genéticamente modificados una vez introducidos en el medio ambiente, las aseguradoras prefieren mirar para otro lado.
¿Cómo se evalúa el impacto de estos productos en la Argentina? Hay todo un proceso de bioseguridad nacional, que comienza con el trabajo de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CoNaBiA), que es un organismo asesor del secretario de Agricultura y que forma parte de ese sistema de bioseguridad. Su objetivo puntual es analizar los potenciales impactos de los organismos genéticamente modificados (OGM). En concreto, es parte del proceso de autorización y puesta en el mercado de materiales vegetales y animales que hayan pasado por las manos de la ingeniería genética.
El proceso de regulación cuenta con tres etapas. La primera es la evaluación del impacto sobre el medio ambiente, de la que se ocupa puntualmente la CoNaBiA. Su tarea es entonces hacer, desde una concepción multidisciplinaria, el análisis de riesgo correspondiente. Una segunda etapa es la evaluación de inocuidad alimentaria para consumo humano y animal, que es responsabilidad del SENASA. Y la tercera etapa es la evaluación del potencial impacto sobre los mercados de exportación, en especial debido al marcado perfil agroexportador que tiene el país. Los debates que existen en el comercio mundial por el tema de los transgénicos hicieron que, en el año '96, se pensara en la realización de una evaluación comercial previa a la puesta en el mercado de la producción.
Este último paso lo realiza la Dirección Nacional de Mercados Agroalimentarios, dependiente de la Secretaría de Agricultura. A diferencia de lo que sucede en otros países, la Argentina pone en el mercado productos que ya han sido autorizados en la Unión Europea, que es su comprador más importante.
¿Qué es lo que se evalúa? Desde el desarrollo del producto en investigación hasta la liberación a campo y la etapa precomercial. Se lo hace caso por caso y paso a paso, porque se evalúa cada evento de transformación. Y además no se lo hace de manera genérica, porque se requiere la autorización de terceros países para cada cuestión en particular. Sobre el debate general alrededor de los transgénicos, Carmen Vicien, coordinadora técnica de la CoNaBiA, afirma: "Yo lo que veo es que no ha habido decisión en la aprobación de determinados productos en la Unión Europea. Hay distintos motivos, algunos justificados y otros no. Las medidas adoptadas no las considero exclusivamente para-arancelarias; hay un tema de información al consumidor muy fuerte en Europa. Depende de por qué se etiqueta a un producto. Si algo no es sano, directamente no debe estar en el mercado. Puede pensarse en etiquetar para informar al público, pero yo estoy a favor de un sistema como el canadiense, que es un etiquetado voluntario".
Los productos genéticamente modificados existentes en el país son la soja con tolerancia a glifosato (un herbicida total que se usa para matar todos los yuyos alrededor del cultivo), maíces con tolerancia a otros herbicidas y también a insectos, y algodón con resistencia a plagas de insectos. Muchos pueden preguntarse si estos cultivos, al estar presentes en alimentos cotidianos, pueden afectar a la gente al consumirlos. En la CoNaBiA explican que en muchos de los productos directamente no están presentes, por caso, los aceites. En ellos no quedan proteínas derivadas de los cultivos modificados genéticamente. Igualmente los recaudos que se toman son amplios. Por ejemplo, en la Argentina se come la chala del maíz en los tamales, tan famosos en el norte del país. La evaluación no se hace sólo en el grano de maíz, sino en toda la planta.
Las dudas se centran más bien en cuál será el impacto de mediano plazo de estos alimentos derivados de OGMs. No está claro si el consumo de estos productos puede acumularse. Los expertos en temas alimentarios tienen la palabra. Vicien modera un poco el tono del debate: "Estos productos deben ser regulados, como debe ser regulado todo lo que comemos. Ni más ni menos. En este caso aplicamos el principio precautorio: si no hay certeza científica ni información suficiente es conveniente parar. Entonces se pide al que hizo la presentación que amplíe la información. El problema es cuando se fuerza a la ciencia para decirle que si o que no a un producto". La CoNaBiA siguió este principio en dos casos, lo que terminó deteniendo a esos productos porque había más dudas que certezas (la evaluación de riesgo daba resultado negativo). La biotecnología es una tecnología más a desarrollar para mejorar las perspectivas del productor, aseguran en la CoNaBiA. Vicien pide no culparla de todos los males ni tampoco endiosarla.
Cuando se habla de estas tecnologías en relación con el mundo del campo no puede uno olvidarse del INTA. Este instituto tecnológico, con casi 44 años de historia, enfrenta hoy serios problemas presupuestarios. Sucede que año tras año ha ido bajando el dinero disponible para este organismo: en la actualidad cuenta con 105 millones de pesos, cuando como mínimo requeriría 130 millones. Esa es hoy la prioridad: generar consenso detrás de la necesidad de más recursos. Pero no es sencillo, dada la restricción presupuestaria del país en general. Para fortalecerlo como institución una alternativa es conseguir apoyo financiero del BID, en lo que están trabajando sus actuales responsables. El objetivo más general es achicar la brecha tecnológica en relación con otros países.
¿Cuáles son los puentes que establece con la sociedad y la empresa? Con la empresa están los convenios de vinculación tecnológica, mediante los cuales se motoriza el desarrollo de tecnologías a demanda del sector privado. Hay convenios con instituciones y organizaciones no gubernamentales de todo el país y luego el contacto directo en todo el país con el productor, que tiene acceso a las oficinas, a las publicaciones y a los técnicos del INTA.
En el INTA en la actualidad hay 120 investigadores trabajando en biotecnología, por supuesto, siendo el fuerte la biotecnología agropecuaria. Las patas del enfoque de investigación son cuatro: los organismos transgénicos, el desarrollo de vacunas por métodos de ingeniería genética, la epidemiología molecular (estudio del origen y desarrollo de enfermedades como la aftosa o la tuberculosis bovina) y el mejoramiento asistido (uso de marcadores moleculares para seguir el proceso de mejora genética, lo que permite acelerar los tiempos del proceso tradicional).
Del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INTA-Castelar) salió, por ejemplo, la vacuna antiaftosa. Su director, Eduardo Palma, amplía acerca de las investigaciones del INTA: "En transgénicos tenemos una papa resistente a virus, mediante un convenio con empresas privadas, y que ya está en la etapa de ensayo experimental de campo. Se trabaja en alfalfa resistente a insectos y herbicidas, teniendo ya pruebas exitosas. Hay transformaciones de trigo y girasol para hacerlos más resistentes a enfermedades e insectos. Y se prueban genes de resistencia a hongos para distintos cultivos". La raíz de esto es que las plagas afectan notoriamente a la producción.
Diez años de investigación y experimentación en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA, en Castelar, permitieron el desarrollo del primer insecticida biológico para el control del llamado "el gusano de la pera y la manzana" (carpocapsa). Los frutales de pepita representan el 35% de la producción total de frutos. Esta plaga ocasiona daños directos por caída de frutos de los árboles en finca y por descarte en la poscosecha durante el empaque. La carpocapsa provoca pérdidas en la comercialización externa por restricciones de mercados con estrictas barreras sanitarias o paraarancelarias.
Una vez más el INTA demuestra su capacidad para adaptarse a las condiciones y demandas del medio, haciendo el aporte de este insumo tecnológico producto de años de investigación y desarrollo, altamente específico, inocuo para el hombre, que no deja residuos tóxicos en frutos ni en el medio ambiente.
En lo atinente al mejoramiento asistido hay convenios con las principales semilleras del país, para medir mejor y apurar el proceso de mejora de los cultivos. Tienen un convenio para hacer a los cultivos resistentes al mal de Río Cuarto, que afecta principalmente al maíz. En cuanto a vacunas, está comenzando la prueba con bovinos de un producto contra la brucelosis, que afecta también al hombre (junto a la tuberculosis, la enfermedad más complicada luego de la aftosa). Resulta interesante, a pesar de la escasez de recursos con que cuenta y del deterioro institucional que eso genera, cómo el INTA piensa la relación con el mundo de la empresa. Palma explica a TEN que "todos los proyectos tienen como fin su aplicación. Desde el comienzo se comparte el riesgo.
El sector privado tiene una demanda, necesita solucionar un problema. Invierte en investigación con nosotros, se llega al producto y entonces se comparten las eventuales ganancias a través de un royaltie". En el INTA aseguran que la intención es asegurar que la investigación llegue al consumidor final, que es, en primer término, el productor agropecuario, pero fundamentalmente la sociedad en su conjunto.
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