¿A quiénes les va bien cuando economía está en crecimiento?

Diferentes reflexiones surgen impulsadas por los acontecimientos que se están desarrollando a partir del anuncio del gobierno nacional del 11 de marzo, de rever el sistema de retenciones a las exportaciones de granos. Una de ellas es la triste percepción de que, como consecuencia de esa iniciativa y de las reacciones que se generaron, se ha propiciado un enfrentamiento entre sectores de la sociedad nacional en un espacio que debería haber sido ocupado por la comprensión, la tolerancia y la aceptación de medidas que se suponen adecuadas.

El conjunto de los productores de granos está considerado como un sector privilegiado de la sociedad, ya que le toca transitar por un período de alta demanda de las mercaderías que producen, lo cual genera elevados precios ofrecidos por el mercado. Esto deriva en rentabilidades elevadas que producen opulencia. Este dato es cierto parcialmente, ya que se deben distinguir sectores muy diferentes dentro del universo empresario. Aquí es donde comienza la primera de las grandes diferenciaciones que se deben advertir.

Concentración

Días atrás se publicó que 2.800 del total de 78.000 empresas productoras de soja que existen en la Argentina producen 60% del total de dicho grano en nuestro país. Este dato revela inmediatamente el grado de concentración en esta franja de la economía. En cuanto al resto de los empresarios hay muchos que lo hacen en el nivel de subsistencia o asumiendo riesgos tales que, por ejemplo, una cosecha defectuosa los empuje a la ruina..

La principal limitante para que el éxito económico sea uniforme radica en la escala de producción que cada empresa afronta. La competencia por la disponibilidad de la tierra (el recurso productivo más escaso y más caro) desnuda desigualdades que permanentemente desplazan a productores pequeños fuera del sistema y su lugar es ocupado por el crecimiento en superficie de empresas mayores.

El gobierno de la provincia de La Pampa denunció recientemente que 40% de la producción de granos de esa provincia es generado por empresas que funcionan como fondos de inversión (los llamados «pools de siembra») que desplazaronde la ocupación de la tierra a los productores tradicionales.

Este aspecto crucial debe ser identificado por la sociedad, y por el propio gobierno nacional. Es atribución del Estado recaudar tributos para generar redistribución de recursos entre sectores de la sociedad diferentemente favorecidos. También es obligación de los tributantes aceptar que acciones de solidaridad social deben ser contempladas en cualquier sociedad con sentido humanitario, y cuando un sector está beneficiado por una situación particular, tiene el deber ético y moral de compartir parte de su prosperidad.

Cálculo

En el caso que nos ocupa, no se trata sólo del aumento de un gravamen que repercutirá en una disminución de la ganancia de todo un sector equitativamente, sin mayor impacto que ése. Mucho más que eso. Si el nuevo modo de calcular las retenciones a las exportaciones de granos queda efectivamente aplicado como se dispuso el día de su anuncio, significará una nueva disminución en el número de productores agropecuarios, una mayor concentración de la riqueza en manos de los actores poderosos del sistema y, por lo tanto, una mayor opulencia de pocos en desmedro de la exclusión de otros. La clave de este resultado será el valor de los arrendamientos. Gran parte de la producción de granos se hace en superficie arrendada, y gran parte de ella percibe remuneración en especie (el propio grano). Al disminuir el precio de los granos, los propietarios desearán mantener su ingreso anterior (el máximo de un momento dado) y se generará un aumento en la cantidad de grano requerida para pagar dicho arrendamiento. Esto dejará fuera de competencia a muchos productores pequeños que no podrán afrontar el aumento requerido.

Esta es una muestra de que el sistema previsto generará inequidad y exclusión social mayores, al revés de lo proclamado como un objetivo por los estamentos políticos.

Otro objetivo proclamado por el gobierno es que se imponen las modificaciones al tributo para disminuir la magnitud de la superficie dedicada al cultivo de soja. Es lógico estimar que esto es falso, ya que a la producción y exportación de dicho grano y de sus derivados debe el Estado Nacional gran parte de la bonanza financiera por la que está atravesando. Además, si realmente se deseara establecer una nueva relación entre las superficies destinadas a distintos cultivos, debería diseñarse un plan de regulación que involucraría lo agronómico, lo ambiental, lo económico y lo cultural que, obviamente, debería generarse en la Secretaría de Agricultura y no en otra dependencia.

Otro factor no publicitado es el hecho de que este nuevo sistema propuesto beneficia aún más al sector industrial, a expensas de los productores y de los consumidores en general. La industria aceitera recibirá granos de soja y de girasol (su insumo) a precios con máximos limitados, lo que acentuará su ya abundante prosperidad actual, ya que disfrutan de los beneficios de una gran demanda internacional por sus productos, la que también les ofrece precios elevados. Tributan gravamen a las exportaciones mucho menores que por los productos primarios. La presidente de la Nación dijo que es para propiciar la transformación de los productos y generación de valor agregado. Las fábricas tienen capacidad instalada de molienda y la aprovechan; ¿acaso podemos pensar que cada productor de granos puede procesar su mercadería para agregarle valor? A pesar de los beneficios que reciben (debemos recordar que una parte de las retenciones a las exportaciones de granos se emplean para subsidiar a la industria aceitera), se permiten desabastecer al mercado interno de aceites comestibles, para maximizar sus ingresos mediante la exportación de mayor cantidad de producto.

Imponer justicia

Resalta la sensación de que una vez más se desperdició una oportunidad de generar justicia en la recaudación de tributos y su posterior reasignación en función de las necesidades de la sociedad. Llegado a este punto de la reflexión, surge evidente una posibilidad que se le presenta al Estado nacional: imponer justicia tributaria y distributiva mediante su intervención en la alícuota de retenciones y actuar sobre los arrendamientos.

Respecto de lo primero, sería fácilmente aplicable, y muy justo, un sistema tributario mediante el cual las retencionesfueran de distinta tasa según la capacidad tributaria del productor: imponer alícuotas progresivas según la cantidad de granos producida, ya que el costo marginal es mucho mayor para el productor de pequeña escala.

En el segundo ítem ( arrendamientos), se impone una humanización del sistema. Es deseable que se termine con la precariedad de los contratos, que genera inestabilidad en la tenencia de la tierra, con la consiguiente dificultad para la planificación de mediano y largo plazo que permite un uso sustentable del recurso. Además, el productor de pequeña escala convive con la permanente angustia de ignorar su futuro inmediato, por estar anualmente expuesto a ser desalojado. También es necesaria la limitación de la superficie por cada empresa, para evitar la invasión que elimina a productores del sistema.

El campo está pasando por un muy buen momento económico.

No todos los productores están compartiendo esa bonanza.

No a todos les espera un futuro exitoso.