Acuerdo para gravar renta personal global

Montevideo (de nuestra agencia) - Crece el consenso a nivel político para aprobar en Uruguay en los próximos meses una reforma tributaria que incluya un impuesto a la renta personal global. En ese sentido, el gobierno comprometió en la carta de intención remitida en agosto al Fondo Monetario Internacional el envío al Parlamento de un proyecto de reforma impositiva, reduciendo el actual número de tributos.

Se encuentra actualmente en Uruguay una misión del FMI analizando la evolución de la economía y preparando un informe que será considerado en noviembre por el organismo internacional. A nivel del Partido Nacional, socio del Partido Colorado en la coalición de gobierno, se presentó un informe indicando que la reforma impositiva debe descartar un aumento de la carga tributaria a importaciones y exportaciones, debe reducir y simplificar los impuestos vigentes e incluir un impuesto a la renta global.

A través de sus técnicos, los blancos han señalado que un eventual impuesto a la renta de las personas físicas «no va a ser una panacea para la equidad y para los ingresos fiscales» aunque consideran útil su análisis. El propio ex presidente Luis A. Lacalle, que ahora preside el directorio del Partido Nacional, también se manifestó en los últimos días abierto a discutir la aplicación de este impuesto, que viene siendo planteada por varios sectores de su partido, que han presentado incluso propuestas en tal sentido.

• Oposición

La aplicación del Impuesto a la Renta Personal, planteada en forma reiterada por la izquierda uruguaya, fue uno de los puntos más discutidos en las elecciones de 1999. Entonces los partidos Colorado y Nacional se opusieron a su aplicación y hay analistas que sostienen que «la insistencia por aplicarlo costó las elecciones al izquierdista Frente Amplio».

A nivel de la Dirección General Impositiva, de acuerdo con su estructura tributaria, Uruguay tiene 73% de sus ingresos fiscales nacionales concentrados en impuestos al consumo, lo que hace muy dependientes sus ingresos de la demanda interna.

El Impuesto al Valor Agregado grava con 23% las enajenaciones de casi todos los bienes y servicios (artículos de primera necesidad, medicamentos, enseñanza, moneda, diarios, inmuebles y transporte son algunos de los principales rubros exentos), mientras que algunos alimentos, salud, turismo y energía pagan una tasa de 14%. El año anterior, los ingresos del IVA concentraron 52% de toda la recaudación de la DGI, mientras que el Impuesto Específico Interno (IMESI), otro gran impuesto que alcanza al consumo, captó 20% de los ingresos. El IMESI grava la venta de combustibles, automotores y tabacos.

El Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) es el tercero en importancia y capta 13% de los ingresos totales, gravando las rentas empresariales de la industria y el comercio. El Impuesto al Patrimonio está en cuarto lugar captando 4% de los ingresos totales de la DGI. Asimismo, en noviembre del año anterior propuso la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a la casi totalidad de bienes y servicios, quedando solamente nueve artículos exentos (alimentos), aunque reduce la tasa máxima de 23% a 19 por ciento%.

En Uruguay, vigente desde 1982, existe además un Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) que a través de los años ha venido sufriendo variantes de importancia en sus tasas y alcance y que grava los salarios y pasividades de acuerdo con escalas. Según las modificaciones aprobadas en mayo de este año, están exentos de este impuesto los salarios públicos y privados hasta tres salarios mínimos (unos u$s 40 mensuales).

La franja de entre tres y seis salarios mínimos está gravada con una tasa de 2% y se continúa con una escala que llega a 20% para los salarios superiores a 35 salarios mínimos (unos u$s 1.350 mensuales).

Este impuesto se recauda por parte del Banco de Previsión Social -organismo que en Uruguay maneja todos los ingresos y egresos de la seguridad social, salvo algunas excepciones como bancarios, policías, militares y profesionales universitarios- junto con los aportes obreros y patronales para la jubilación, los seguros de salud, de paro y los beneficios sociales.

El compromiso que las autoridades suscribieron con el Fondo Monetario de plantear este año la reforma del sistema tributario, será seguramente uno de los temas de mayor importancia por discutir a nivel político en el último trimestre del año.

Precisamente se encuentra en Uruguay una delegación del Fondo Monetario Internacional que se reunió desde el lunes con el equipo económico para analizar las variables de la economía y preparar el informe anual, que elevará luego a consideración del directorio ejecutivo del organismo.

Uruguay suscribió en agosto un acuerdo con el FMI que prevé una caída del PBI de 11% en 2002 y de 4,5% en 2003 y que la inflación llegará a 40% en 2002 y 50% en el próximo año.