A partir de la próxima semana las prepagas comenzarían a enviar cartas a sus clientes notificándolos de aumentos de entre 10% y 15% desde enero de 2007. A su vez, el sector prestador de clínicas, sanatorios, laboratorios y emergencias dictaminarían unilateralmente un ajuste de entre 25% y 30% en los precios de las prestaciones.
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Este fue el mensaje que recibió ayer el ministro de Salud, Ginés González García, acompañado por funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, tras reunirse con los representantes del sector privado luego de obtener un cúmulo de promesas ante sus reclamos.
Si bien del tema de la caída de la emergencia sanitaria a fin de año -vinculada a la Ley de Emergencia Económica-, por la cual los prestadores dejaron de pagar las contribuciones patronales, se habló marginalmente, quedó claro que «la propuesta oficial de una nueva moratoria para cancelar lo adeudado, que asciende a $ 1.000 millones, resulta impagable», sostuvo Jorge Cherro, titular de Aclife a este diario.
El sector prestador presentó sus costos reales frente a las tarifas del nomenclador nacional vigente, que data de 1991. Según los privados, el atraso en sus precios asciende a 50%.
«Esto provocó una serie de nuevas formas de facturar para compensar la brecha con el nomenclador, pero aun así nuestros costos se han duplicado desde 2002 y los precios de las prestaciones apenas aumentaron 50%», explicó Cherro.
De no mediar un ajuste de entre 25% y 30% a partir de noviembre, los prestadores lo aplicarán unilateralmente. En el caso de que las prepagas y las obras sociales no lo convaliden, los prestadores cobrarán el diferencial a los pacientes.
Los privados le explicaron al ministro que el ajuste no era inflacionario porque tanto las prepagas como las obras sociales tenían los fondos para afrontar los aumentos, ya que la recaudación de ambos sectores había crecido 90% en promedio.
