AFJP listas para batalla ante Congreso y Justicia

Claudio Bonadío

Los fondos de pensión comenzaron a elaborar su plan de acción para defenderse en las próximas semanas. Ya están preparando un documento en el cual puntualizarán las bondades del sistema de capitalización, con el objetivo de presentarlo en el Congreso cuando arranque la discusiónsobre el proyecto de ley que apunta a reestatizar el sistema. Y al mismo tiempo preparan estrategias para que los afiliados y ellas mismas recurran a la Justicia si finalmente se aprueba la iniciativa.

«Estamos todas las AFJP juntas y vamos a explicar por todos los medios posibles que el gobierno está cometiendoun grave error», explicó el presidente de una de las principales administradoras del mercado. Entre otras cuestiones, en el trabajo que están elaborando enfatizarán en primer lugar la transparencia de todas las operaciones que llevan adelante. El juez Claudio Bonadío les impidió operar por siete días hábiles-ante la denuncia por «administración fraudulenta» que realizó el fiscal Carlos Marijuán.

También detallarán que la rentabilidad histórica obtenida para el afiliado es positiva, aun pese a la fuerte caída de los mercados.

Tras haber acusado el impacto del anuncio de reestatización que efectuó el gobierno, desde mediados de semana comenzaron las reacciones por parte del titular de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, el vicepresidente de la entidad, Jorge Saumell (Arauca Bit) y José López Santiso, presidente de Profesión+ Auge AFJP y ex titular de la cámara del sector.

Afiliados

En todos los casos se puso énfasis en la defensa que debe llevar adelante el afiliado que será obligado a volver al sistema de reparto.

«Nos han preguntado también para ir a la Justicia,pero lo cierto es que por el momento no hay un instrumento recurrible, porque se trata de un proyecto de ley», explicó Saumell.

«Si prospera la medida -agregó el ejecutivo-y el único papel que les queda a las AFJP sería el de ser receptoras de aportes voluntarios, nuestras empresas dejarían de tener sentido porque ese rol lo cumplen las compañías de seguro de retiro.»

La opción de recurrir a la Justicia, por lo tanto, deberá esperar a que se apruebe el proyecto de ley. Pero, además de lo que puedan reclamar los afiliados, también las empresas podrían hacerlo para solicitar una indemnización ante el impedimento de continuar con el negocio.

El proyecto establece la posibilidad de una « compensación» por parte del Estado a través de la entrega de títulos públicos. El valor, se estipula, no podrá exceder el capital social de las compañías. Actualmente, dicho concepto no supera los $ 1.000 millones, o sea unos 340 millones de dólares. Se trata, obviamente, de una cifra insuficiente si se tiene en cuenta que el grupo holandés ING pagó más de u$s 300 millones a los bancos Santander y Provincia para quedarse con el negocio de Orígenes, la AFJP líder, a fines del año pasado