AFJP listas para batalla ante Congreso y Justicia
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En todos los casos se puso énfasis en la defensa que debe llevar adelante el afiliado que será obligado a volver al sistema de reparto.
«Nos han preguntado también para ir a la Justicia,pero lo cierto es que por el momento no hay un instrumento recurrible, porque se trata de un proyecto de ley», explicó Saumell.
«Si prospera la medida -agregó el ejecutivo-y el único papel que les queda a las AFJP sería el de ser receptoras de aportes voluntarios, nuestras empresas dejarían de tener sentido porque ese rol lo cumplen las compañías de seguro de retiro.»
La opción de recurrir a la Justicia, por lo tanto, deberá esperar a que se apruebe el proyecto de ley. Pero, además de lo que puedan reclamar los afiliados, también las empresas podrían hacerlo para solicitar una indemnización ante el impedimento de continuar con el negocio.
El proyecto establece la posibilidad de una « compensación» por parte del Estado a través de la entrega de títulos públicos. El valor, se estipula, no podrá exceder el capital social de las compañías. Actualmente, dicho concepto no supera los $ 1.000 millones, o sea unos 340 millones de dólares. Se trata, obviamente, de una cifra insuficiente si se tiene en cuenta que el grupo holandés ING pagó más de u$s 300 millones a los bancos Santander y Provincia para quedarse con el negocio de Orígenes, la AFJP líder, a fines del año pasado
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