No obstante, la decisión no es fácil ni para Suez ni para el gobierno. Aunque ambas partes manifiestan « desgaste» por las prolongadas tratativas, a ninguno de los dos le conviene ser responsable de la caída del contrato. Para los franceses, la rescisión por parte del Estado nacional le facilitaría el juicio en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.
Tampoco sería igual la responsabilidad frente a la deuda de 600 millones de dólares, que en importante proporción corresponde a créditos de organismos financieros internacionales. Se presume que con ese dinero se hicieron obras que constituyen el activo de la concesión y que volverían al Estado, si el contrato se rescinde.
Para el gobierno, por su parte, el costo político en el nivel de los organismos financieros internacionales y de los principales países inversores se atenuaría si los actuales accionistas deciden irse y sobre todo, si terminan vendiendo sus participaciones a otro inversor. Este fue el caso de Aguas de Santa Fe, donde Suez y los otros socios le vendieron a
Las diferencias entre Aguas Argentinas y el gobierno se advirtieron de entrada. Hubo un período de relativa calma en el que rigió un acta transitoria sobre inversiones y suspensión de multas, pero desde enero pasado volvió el cruce fuerte. Se discute de dónde provendrán los fondos para las inversiones y el control de las obras.
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