Ahora Winograd va a tener menos trabajo

La modificación de requisitos para quedar bajo la lupa de la Secretaría de Defensa de la Competencia reducirá entre 70% y 80% el número de operaciones que deberá estudiar el organismo que capitanea Carlos Winograd.

Así lo reveló una fuente de la secretaría, que a partir de ahora pasará a denominarse Secretaría de Defensa de la Competencia, la Desregulación y el Consumidor (SDCDC).

Los nuevos requisitos prevén que sólo serán considerados por la SDCDC las fusiones y adquisiciones en las cuales una de las partes tenga activos superiores a u$s 20 millones y la adquirente facture por encima de u$s 200 millones.

En el camino quedarán las operaciones del «chiquitaje». Consultado el propio Winograd, el funcionario dijo a este diario que el estudio de esos casos «dispersaba los esfuerzos de los escasos recursos humanos con los que contamos».

Hace algunos días, por caso, se aprobó la compra del Banco Liniers Sudamericano por parte de la financiera estadounidense Providian, cuyo monto no superaría los u$s 4 millones porque la entidad local estaba prácticamente inactiva y sus sucursales ya habían sido adquiridas por otra financiera. «Ese es un típico caso que ya no pasará por nuestra oficina», dijo Winograd.

Para tratar de acelerar los trámites de compras entre empresas chicas y medianas --cometido difícil de realizar sin violar la ley-la Secretaría había instrumentado un formulario simplificado, en el que los requerimientos de documentación e información eran mucho menos farragosos que los que se hacían a las grandes operaciones (Endesa/Edenor/Edesur; Repsol/YPF; Correo Argentino/ OCA, por citar sólo tres de los casos más resonantes que manejó el organismo).

Impacto

Ese «fast track» se mantendría para los casos puntuales que no puedan eludir el pasaje por el edificio de Diagonal Roca al 600, por caso una empresa que tenga activos por u$s 20 millones pero que actúe en un sector con gran competencia.

«Es en esos casos donde no se justifica nuestra intervención; la relación costo-beneficio de que pasen por nuestra órbita es pésima y además, cuantas más 'ventanillas' haya, más posibilidad de que se produzcan casos de corrupción», admite Winograd. «Con la nueva legislación podremos concentrarnos en los casos grandes, que verdaderamente tienen impacto en la calidad de la competitividad del mercado argentino».

Según Winograd, la nueva legislación «resguarda las políticas pro-competencia y anti-monopólicas» porque la intervención pública «sólo se producirá en operaciones que pueden constituir una amenaza a la competencia».

Obviamente, el decreto firmado por Fernando de la Rúa en uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso apunta a destrabar el nudo burocrático que mantenía estancadas unas 300 operaciones en la secretaría de Winograd.

Quedaría por ver qué sucederá con los expedientes en trámite: si son considerados a la luz de la nueva norma o -por haberse iniciado durante la vigencia de la anterior-deben seguir el trámite considerado «normal» hasta ahora.