El principal grupo de acreedores externos advirtió ayer que el gobierno argentino podría sufrir «una ola de demandas sin precedentes» por el default. Esto ocurrirá -advierten-si es alto el rechazo de la oferta de reestructuración que propone una quita de 75% a los bonistas. El rechazo, sobre todo en el exterior, sigue siendo muy alto, y se aguarda que a partir del 29, cuando arranque el proceso de canje, muchos acreedores que decidan no participar terminen presentándose ante tribunales internacionales para cobrar. El gobierno sigue sin prestarles atención a estas advertencias y considera « lógico» que sólo 60% de los acreedores acepte la oferta. Claro que quedaría afuera el restante 40%, por lo cual quedarían reclamos judiciales por u$s 40.000 millones.
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Según explicó ayer la principal asociación de bonistas del exterior (tienen u$s 38.000 millones en títulos en default), el alto grado de rechazo que genera la quita que propone la Argentina generaría una gran cantidad de litigios contra el país. Es uno de los riesgos que tiene el gobierno si queda una gran cantidad de acreedores fuera de la operación.
Estos son otros argumentos que ayer dejó trascender el GCAB respecto de la decisión del juez neoyorquino, según la visión de sus copresidentes, Hans Humes y Nicola Stock:
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