¿Analízame?

Hace menos de un mes, cuando el ministro de Economía viajó a los Estados Unidos para entrevistarse con los directivos del Fondo Monetario Internacional, el organismo enviaba al mundo algunos mensajes sumamente positivos que podrían resumirse de la siguiente forma: (i) había una decisión estratégica y política de ayudar a la Argentina; (ii) existían fondos remanentes del blindaje anterior listos para ser enviados; y (iii) podría analizarse un paquete de ayuda y asistencia crediticia adicional no menor a 15.000/ 20.000 millones de dólares. Claro está que para ello, y como condición esencial, el organismo multilateral de crédito planteó siete puntos o exigencias básicas con las que debía cumplir previamente el gobierno para calificar en orden a la recepción de la ayuda, además de abandonar el tipo de cambio fijo para la divisa extranjera y establecer un mercado de libre flotación del dólar: (i) no gravar con retenciones a la exportaciones de 20% exclusivamente a las empresas petroleras, sino colocar (si era estrictamente necesario) un gravamen de 5% generalizado a todos los exportadores; (ii) eliminar el Impuesto a las Ganancias por un año a las inversiones de capital; (iii) vetar la horripilante modificación a la Ley de Quiebras que en ese momento había sancionado el Congreso; (iv) modificar el proyecto de presupuesto sincerando el gasto y el déficit y planificándolo como un presupuesto serio y cumplible; (v) disminuir en más de 1.200 millones el costo anual de la política; (vi) hacer un acuerdo con las provincias y (vii) entablar un diálogo serio con los acreedores externos.

• Agregado

A estos puntos se agregó posteriormente un octavo no vinculado estrictamente con aspectos económicos sino más generales, cual era que se garantizara en la Argentina la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica, cuestiones éstas ya incluidas en el mes de febrero en el Manifiesto de Libre Comercio difundido por la Casa Blanca, en el cual se delineaba la intención prioritaria de la asistencia financiera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, incluyendo en un punto especial el «respeto a la ley».

Al momento de arribar la misión del Fondo a Buenos Aires, el estado de cumplimiento de las condiciones impuestas por el organismo para considerar la asistencia era el siguiente:

No hay libre flotación del dólar. El Presidente ordenó al Banco Central inter-venir en el mercado para bajar su valor de cotización a una franja entre $ 1,80 y $ 2,00 y, a pesar de la inversión que se realiza, el dólar no baja de $ 2,40/ $ 2,50.
 
El gobierno insiste en imponer las retenciones a la exportación de petróleo y sólo negocia la forma de recaudación o la tasa según los anticipos que los perjudicados ofrezcan. Adicionalmente se impusieron retenciones gravando las exportaciones al agro.

No hay ninguna eliminación del Impuesto a las Ganancias por un año para las inversiones de capital. En realidad, los impuestos han crecido, y se ha desalentado la inversión.

El Poder Ejecutivo no vetó la escandalosa modificación de la Ley de Quiebras sancionada por el Congreso, y el Presidente justificó la actitud asumida en contra de lo aconsejado por gran parte de su gabinete, en haber tomado «una decisión política».

Se sancionó el Presupuesto con la misma pauta de déficit fiscal que el originariamente previsto, contemplando una inflación anual de 15% (en los prime-ros dos meses del año ya hay más de 13%), una emisión monetaria de hasta 3.500 millones, aparentemente ampliada hasta 5.000 millones (hoy entre emisión reconocida y depósitos a la vista se han emitido más de 3.000 millones, y las provincias piensan emitir más de 1.000 millones en bonos o falso circulante).

El Congreso Nacional aumentó su presupuesto de gastos para el año 2002 en relación con lo presupuestado para el año 2001.

Se firmó el acuerdo con las provincias (dentro del marco posible de la coyuntura), pero no parece que el mismo pueda resultar de factible cumplimiento. De hecho, los gobernadores ya hablan de emisiones de bonos por encima del límite del acuerdo, y ni siquiera piensan en que puedan rescatarse con emisión los 19 tipos de moneda que circulan actualmente en el país (más de 4.000 millones).

Respecto de los acreedores externos, el ministro de Economía sólo les mandó una carta.

En cuanto a la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica, el gobierno cambia todos los días las reglas de juego en cuanto a créditos, débitos, pagos, contratos, derechos, etc., y promovió la iniciación de un juicio político a la Corte para reemplazarla, en un intento de conformar un nuevo tribunal con miembros adeptos en una suerte de pacto de Olivos IV (el III fue el que le permitió a Duhalde el acceso a la Presidencia). Ya circulan públicamente los nombres de los candidatos (operadores), sus currículum, los orígenes y las lealtades prometidas.

Con este escenario arribó a la Argentina la misión del FMI encabezada por Anoop Singh con el objeto de analizar la situación y verificar el comportamiento del gobierno y de la economía. A cada inquietud por él presentada, en relación con las condiciones señaladas hace un mes para que se pueda prestar la ayuda y a las tareas y promesas no cumplidas, el presidente Duhalde y sus voceros le responden: «Es una decisión política...». Ocurrió en todos los temas: (i) flotación sucia del dólar; (ii) mantenimiento de la modificación a la Ley de Quiebras; (iii) mantenimiento del presupuesto sin realismo; (iv) mantenimiento de las monedas sustitutas provinciales, entre otros. Ello para no referirnos a otros elementos adicionales como esa suerte de infantil tentativa de extorsión política según la cual «si no nos ayudan serán ustedes los responsables de la crisis institucional de este país». Los consejeros ansían (ingenuamente) que el FMI también tome «decisiones políticas». ¿Habrán leído algo sobre Indonesia?

El jefe de Operaciones Especiales del Fondo Monetario Internacional posee esa delicada precisión y serenidad que hicieron famosos a los programadores de computación de origen indio que provocaron, y aún provocan, furor en Silicon Valley convirtiéndose en los más buscados por la realización de un trabajo creativo, sereno, técnico y exacto. No será una arenga de barricada ni un «apriete» político lo que le harán cambiar su visión, ni la de su equipo técnico de apoyo, respecto de lo que Argentina necesita.

Si el Presidente quiere efectivamente la ayuda del Fondo en tiempo útil, o si considera a la misma fundamental para que el país tenga un proyecto viable, sin duda deberá reflexionar y cambiar de actitud. Ello implica también abandonar esa utópica creencia de que todo lo que él dice o declara se hace realidad al verbalizarse como si estuviéramos en un mundo de fantasías: la reactivación comenzará el día que él señale, el valor del dólar será el que él desea, y el mercado, los países del mundo y las instituciones de crédito internacionales harán lo que él pretende; más allá de lo que haga el gobierno; y todo por temor a lo que pueda ocurrir. ¿Analízame?