Un convenio entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires prolongaría la estada del Mercado de Hacienda de Liniers para evitar la aplicación de una ley porteña que prohíbe, a partir de setiembre próximo, el ingreso de ganado en pie a la Capital Federal. El intendente Aníbal Ibarra se reunió ayer con los consignatarios que operan en ese mercado ubicado en el barrio de Mataderos, en lo que fue la primera reunión formal para resolver el tema, que es más que complicado de lo que a simple vista parecería: es que la Capital sancionó la «ley antiganado», pero las tierras donde se efectúan los remates son del gobierno nacional y la actividad es privada.
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El encuentro formó parte de la ronda de conversaciones que inició una comisión conformada por legisladores, funcionarios y vecinos de la Ciudad con la intención de llevar a cabo el desalojo de las vacas, una pelea que podría terminar en guerra si la Secretaría de Agricultura prolongara por dos o tres años la concesión. Los terrenos, en los que Ibarra quiere hacer un emprendimiento urbanístico y de espacios verdes, pertenecen al gobierno nacional y están a cargo de Agricultura, que cobra a los consignatarios $ 80.000 entre canon y guías que se utilizan para la actividad. Con ese dinero, la repartición asegura pagar sueldos de tres dependencias y no está dispuesta a quedarse sin esos fondos.
Por otra parte, los consignatarios parecen no tener dónde mudarse. Una posibilidad -la de trasladarse a la ciudad de Mercedes- no es aprobada por la mayoría del mercado; también se descartó la idea de llevarlo al partido bonaerense de La Matanza, más precisamente al Mercado Central, por una disposición de ese distrito.
Entre Nación y la Ciudad hay un preconvenio de cesión de las 34 hectáreas que ocupa el mercado, pero nadie tiene claro en qué términos se haría esa transferencia, con o sin costo, en forma definitiva o con una administración conjunta de los dos estados. Ibarra nombró como delegado en las conversaciones a Alejandro Labado, nuevo titular de la Corporación Sur de Buenos Aires -un ente poco activo que manejaba el economista Arnaldo Bocco- y en ese carácter se los presentó ayer a los consignatarios del Mercado de Liniers.
En esas rondas hay varias ideas en danza, pero la más factible parece ser el acuerdo de prolongar «sine die» la permanencia de la actividad, posibilidad que rechazan de plano los vecinos. El contrato de concesión caduca el 1 de setiembre, y de acuerdo con la ley porteña, ya no podría ingresar más ganado en pie a la Capital Federal a partir de esa fecha.
De producirse la mudanza en término, a Ibarra se le abre un nuevo problema que es el conflicto con Nación sobre el destino de los lotes, que aun transferidos a la Ciudad serían parte de un nuevo debate sobre qué se hará con ellos. La espera de la ejecución rápida de un emprendimiento -para el cual hoy no habría fondos en la Capital Federal- podría terminar en que se le diese a las tierras un destino aún más perjudicial (a los ojos de la comunidad) que el remate de ganado.
Para montar la infraestructura que necesitan los consignatarios de hacienda, dos meses resulta insuficiente; por esto Ibarra estaría dispuesto a prolongar la permanencia del mercado a pesar de su recurrente preocupación, tanto porque no se vean vacas en la Ciudad, como tampoco caballos -habitualmente tirando carros del cirujeo- a los que amenaza con incautar. Desde ya, se trata de una concepción diferente de la que tuvo Fernando de la Rúa en sus días de intendente porteño, quien supo promover las exposiciones «El campo en la ciudad».
La semana próxima, los legisladores porteños que integran la comisión de seguimiento de la mudanza del ganado tratarán de conciliar con el Mercado de Liniers una solución.
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