"Aun postergando tarifas, precios seguirán subiendo"

La emisión de deuda en el mercado doméstico es la fuente más cara de financiamiento que tiene el país y no es compatible con la estrategia de «desendeudamiento» que intenta llevar a cabo el gobierno. Así lo consideró Osvaldo Giordano, titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en una entrevista con Ambito Financiero. El economista sostuvo, además, que la inflación superaría 10% este año y que la evolución de precios dependerá de la política monetaria y salarial. En este sentido, descartó que el gobierno pueda volver a otorgar aumentos por decreto y sugirió, en cambio, que debería apelar a instrumentos menos convencionales para cumplir con el doble objetivo de aumentar el poder de compra sin inflación. A continuación, el diálogo de Osvaldo Giordano con Ambito Financiero: Periodista: ¿Qué opina de las recientes emisiones de deuda por parte del gobierno? Osvaldo Giordano: Es un error apelar al mercado interno en lugar de utilizar como fuentes de financiamiento los organismos internacionales. Con mucha carga ideológica y débiles fundamentos prácticos se apela a la fuente de financiamiento más cara y que más perturba el desarrollo futuro de la economía. La estrategia de «desendeudamiento» es la más funcional a los intereses del FMI y la que más perjudica a la Argentina. • Matices P.: ¿Está de acuerdo con la postura del FMI de que la Argentina debería bajar el dólar y tener inflación? O.G.: Si hablamos de tipo de cambio real, no se trata de prioridades diferentes, sino apenas de matices instrumentales. Es peligroso detenerse en estos matices cuando sufrimos las consecuencias de un fenomenal deterioro en la calidad institucional.La devaluación no corrigió los problemas estructurales que llevaron a abandonar la convertibilidad, sino que los profundizó. Reducir salarios y jubilaciones no es una vía genuina para ganar competitividad y solvencia fiscal. La solvencia fiscal depende de buenas prácticas en la administración del gasto público y de un diseño del sistema tributario más racional. P.: ¿La inflación podría superar 10% este año? O.G.: En un primer momento, se estimaba que sería como máximo 8%, e incluso el Presupuesto 2004 fue elaborado con este supuesto. Pero la meta incorporada en el Presupuesto ya pasó a ser historia, y ahora el objetivo es evitar que la inflación se aparte mucho de 10%. Igualmente, creo que no será fácil alcanzar con éxito este nuevo y más modesto objetivo, y todo depende de cómo evolucionen las contradicciones entre la política económica abocada a mantener un tipo de cambio alto, y la política salarial. Hay razones para suponer que la tendencia, aunque no es explosiva, es de un comportamiento ascendente de los precios. Posponer el ajuste en las tarifas de los servicios públicos o los acuerdos de precios no alcanza para evitar que el saldo final sea precios en ascenso. P.: ¿Cómo evalúa la política salarial empleada por el gobierno hasta ahora? O.G.: En términos simplificados, se puede afirmar que la rápida salida de la crisis se produjo gracias a que la caída del salario real asociada a la devaluación permitió recomponer la rentabilidad de las empresas y las cuentas del sector público. En este sentido, se comenta mucho que el superávit fiscal se sostiene gracias a impuestos distorsivos, pero se hace insuficiente referencia a la importante contracción del gasto público gracias al deterioro de salarios y jubilaciones. Si la opción del gobierno es un modelo económico de tipo de cambio muy alto y remuneraciones muy bajas, fundado en que esto permite mejorar las finanzas públicas y la rentabilidad de las empresas, resulta contradictorio que el mismo gobierno haya impulsado presiones de costo a través de los aumentos de suma fija y del mínimo. • Efecto P.: ¿Piensa que el gobierno volverá a recurrir a los aumentos por decreto antes de las elecciones? O.G.: Los aumentos por decreto producen un efecto inmediato sobre las remuneraciones, pero su efecto «dominó» sobre el resto de la economía es más lento. El efecto de los últimos aumentos no está totalmente procesado y especialmente no está plenamente reflejado en los índices de precios. La lectura que deberíamos hacer del anuncio de que el Ministerio de Economía tomó la decisión de que va a comenzar a «monitorear los acuerdos salariales» es que el gobierno reconoce que no hay mas espacio para este tipo de intervenciones. A partir de este reconocimiento y frente a una situación social que sigue siendo muy crítica, cabe la resignación o apelar a instrumentos de política menos convencionales y más imaginativos que permitan cumplir con el doble objetivo de aumentar el poder de compra de los salarios sin poner en juego la estabilidad de precios. P.: ¿Cómo podría disminuir el empleo en negro? O.G.: Es clave repensar las normas laborales desde la perspectiva de su aplicación en una pequeña empresa. Una alternativa sería fijar un mínimo no imponible para la determinación de las cargas sociales, lo que reduciría los costos y beneficiaría a las empresas más chicas, que son las que pagan salarios más bajos y, generalmente, en negro. Pero esto debe ser acompañado con un cambio en el sistema de recaudación de las cargas sociales a los fines de hacerlo más amigable y controlable. Por último, no hay que perder de vista que la inseguridad jurídica, como la generada en el sistema de riesgos del trabajo, que también discrimina contra las pequeñas empresas. Entrevista de Carolina Morales

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