Recién luego de la entrada en vigencia del acuerdo de negociación, la autoridad de aplicación (se entiende que la Secretaría de Transporte) y la empresa empezarán un proceso de discusión por 180 días para resolver los reclamos mutuos. En esas tratativas, los reclamos del Estado incluyen incumplimiento de inversiones, cánones adeudados, multas y sanciones, mantenimientos que estén pendientes de solución, seguros y garantías, y desafectación de espacios y bienes que no corresponderían a la concesionaria.
En esa negociación, el concesionario reclamará por peajes impagos, debido al uso de las vías por trenes de la provincia de Buenos Aires, y la demora en adecuar el techo de las tarifas a aplicar.
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