Avanza la comisión que investigará a cerealeras

Julio Cobos volvió a presidir el Senado ayer, tras su polémico voto no positivo sobre retenciones.

El Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto que establece la creación de una comisión bicameral que investigará a las cerealeras por las exportaciones que realizaron entre noviembre y marzo de este año. Se acusa a las empresas de haber presentado sus declaraciones juradas de venta con anticipación para liquidar menores retenciones y sobre un precio más bajo de los granos. Hasta el cordobés Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, se sumó al voto a favor, pese a que será uno de los testigos que llamará la comisión.

Aunque la comisión investigadora se anunció como uno de los pocos acuerdos a que llegaron el kirchnerismo y la oposición en los últimos tiempos, la sesión se ayer tuvo otro tema más esperado: la reaparición de Julio Cobos en el recinto. Fue la primera sesión después de la madrugada en que el vicepresidente definió con su voto negativo la muerte de la Resolución 125, y el escenario fue mucho menos violento que lo imaginado.

Cobos ingresó para iniciar la sesión y ni siquiera hubo algún gesto por parte de Miguel Pichetto, que esa noche lo había tratado de Judas al apurarle una decisión. Por otra parte, la realidad del kirchnerismo en el Congreso hoy no lo permitiría. Ayer fue también la primera sesión en que el bloque oficial volvió a sentarse en sus bancas después de la ruptura que llevó a un empate la sesión sobre las retenciones móviles y Pichetto debió encargarse de reorganizar su bloque para mantener la mayoría en lugar de alimentar más conflictos.

Curiosamente, la sesión terminópresidida por opositores al gobierno: en el inicio estuvo a cargo de Cobos y, más tarde, cuando el vicepresidente debió salir del recinto, Carlos Reutemann tuvo que ocupar su puesto, ya que ni José Pampuro ni Juan Carlos Romero estaban presentes.

Integrantes

La comisión investigadora que se creó ayer, deberá ahora ser votada en Diputados.

Estará integrada por seis diputados y seis senadores y sólo trabajará por 90 días (en lugar de los 180 que se habían fijado inicialmente). Tal es el miedo a que se acuse a ese cuerpo de extralimitarse en sus funciones -como sucedió en otros casos con comisiones investigadoras que hasta terminaron invalidando pruebas que luego debía utilizar la Justicia-, que el propio Pichetto se encargó de repetir en el recinto que «no ocupará el rol de la Justicia».

La redacción final del proyecto surgió después de que se unificaran otros presentados por la oposición. El próximo miércoles la votará Diputados y, después de elegir a los miembros, estará lista para comenzar a recibir documentación de la ONCCA sobre las operaciones de exportación y citar a las empresas acusadas.

El objeto de análisis de la comisión comprende el estudio de «presuntas maniobras fraudulentas que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de declaraciones juradas de venta al exterior sin haber efectuado la compra de granos y cereales». Así lo define el proyecto. Mediante esa modalidad, las cerealeras declararon para la venta granos que aún no habían sido sembrados para poder evitar la suba de las retenciones de 27% a 35%. Esa diferencia, más la suba del precio de la soja y el trigo en ese período, es lo que conforman los u$s 1.700 millones que la ONCCA denuncia que el Estado dejó de percibir. El plazo de 90 días estipulado en la iniciativa sólo puede ser prorrogable por la mayoría de los miembros de la comisión por un plazo similar.

«Es necesario analizar una conducta que hace a la cuestión fiscal. Es un hecho complejo en el que hay estimativamente unos 1.500 millones de dólares en discusión. No somos un tribunal de juicio, ni vamos a plantear responsabilidades al voleo. Vamos a trabajar con documentación y antecedentes», dijo ayer Pichetto en el recinto para justificar la comisión.

También defendieron la creación de la bicameral el jujeño Gerardo Morales, el arista José Martínez y la justicialista disidente puntana Liliana Negre.