2 de mayo 2002 - 00:00

Bancos podrían cerrar en las provincias si siguen amparos

Los bancos estudian la posibilidad de dejar de operar en las provincias reacias a cumplir con la "ley antigoteo", que frena los amparos de ahorristas contra el "corralito". Los lugares más complicados serían Santiago del Estero, Chaco, La Plata y Mar del Plata. Varias entidades ya no envían fondos a las sucursales en las que saben que serán objeto de embargos. Además, en San Luis la Legislatura local dictó una ley cuyo espíritu y texto van exactamente en la dirección opuesta a la de la ley nacional, ordenando devolver los depósitos. En sentido contrario, el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba decidió tomar a su cargo todos los amparos decididos en otras jurisdicciones sobre bancos cordobeses. Es que muchos jueces trababan embargo sobre entidades de esa ciudad, porque en las de sus provincias ya no hay dinero. Este tema desvela ya a Lavagna. Al mismo tiempo en Economía trabajan sobre el plan BONEX y el CER. Ayer trascendió que no se indexarán préstamos personales, prendarios inferiores a determinado monto y los hipotecarios no bancarios. El público podría usar los títulos del plan BONEX para pagar créditos.

Varios bancos están estudiando cerrar -al menos de manera temporaria- sus sucursales en las provincias donde los jueces siguen dictando amparos en su contra, aún luego de la sanción de la Ley «anticorralito». Por ahora, muchas entidades han decidido dejar de enviar fondos a las sucursales que sospechan podrían ser objeto de un embargo, pero en el corto plazo la medida podría ser más drástica; ya el Bansud cerró provisoriamente tres sucursales en Chubut por esta causa.

Los distritos más comprometidos son San Luis -donde se sancionó una ley provincial que va en contra de la nacional (ver nota vinculada)-, Santiago del Estero, Chaco, La Plata y Mar del Plata.

Es que tal como adelantara este diario el martes pasado, las incautaciones de fondos dispuestas por varios jueces provinciales no se detuvieron el lunes. Y como era de esperar, continuaron el martes, por montos que en ningún caso sería inferior a los u$s 50.000, y en algunos superaría el millón de dólares. La duda en los bancos es si estos son los últimos coletazos de los embargos, o todo sigue igual que antes de la ley. De continuar los amparos, dicen, el panorama será gravísimo para el sistema.

Cabe recordar que cada provincia debería sancionar -a través de sus respectivas Legislaturas- una ley de Procedimientos, en la misma línea de la ley nacional
(o sea, permitir los amparos, pero no ejecutarlos hasta tanto no tengan sentencia firme); por eso los amparos que siguen avanzando son los que fueron presentados ante foros provinciales, no federales. Pero en San Luis, la dirección tomada es exactamente la opuesta, y otras Legislaturas podrían seguir este ejemplo.

• Persianas bajas

El martes, en Santiago del Estero, el Nación, el Galicia y el Credicoop bajaron las persianas de sus agencias ante la certeza de que serían objetos de embargos; pero nuevamente el más afectado fue el Citibank, al que le presentaron una docena de amparos, lo que obligó a la entidad estadounidense a «exiliar» en Tucumán al gerente de esa filial. En Santiago, el BBVA Francés también habría tenido que entregar más de u$s 600.000 por órdenes de diversos magistrados de esa ciudad. El martes, la entidad española decidió no remitir más fondos a esa plaza, que -según fuentes del mercado financiero- ya estaría absolutamente «seca»; lo mismo estaría sucediendo en Chaco.

Ante la crítica situación en la capital santiagueña, los bancos (públicos y privados) que operan en esa plaza se presentaron juntos ante el Tribunal Supremo de Justicia de esa provincia pidiendo que se respete la Ley «antigoteo». Pero jueces locales dispusieron adelantar para el martes pasado las ejecuciones de todos los amparos que tenían fecha desde hoy hasta la semana próxima; de ahí que en algunas sucursales se hayan juntado 150 personas entre depositantes, oficiales de Justicia y abogados.

Pero inmediatamente después de adelantada la fecha del amparo -dicen en los bancos- los magistrados se declaran incompetentes, lo que hace a la orden de ejecución
inapelable hasta que se designe un nuevo juez, en este caso federal y debe ser llevada a cabo.

Este esquema se aplicó en la sucursal santiagueña del Francés, en la que sólo había fondos para el pago de salarios y jubilaciones; el gerente, a riesgo de quedar detenido, accedió al embargo, a pesar de las violentas protestas de quienes esperaban para cobrar sus sueldos.

En Córdoba, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia provincial dispuso que todos los embargos dispuestos por jueces de otras jurisdicciones
deben pasar primero por su despacho, lo que frenaría el drenaje de fondos que estaba sufriendo esa provincia por incautaciones provenientes de otros estados.

«Si esto sigue así, es como si no se hubiera sancionado ninguna ley»,
dijo a este diario un alto ejecutivo bancario. «Hasta ahora más o menos la mitad de los amparos eran 'por razones humanitarias'; después de la ley, muchos jueces escriben a mano 'humanitario' en la cabeza del expediente y hay que pagarlos».

• Límites

Los amparos por razones humanitarias se limitan a los mayores de 75 años y a las personas cuya integridad física estaría en peligro en caso de no recuperar sus ahorros. «Pero además de asegurarse el cobro, los trámites de esta clase se pagan en dólares billetes o al cambio de $ 3 (y no a $ 1,40 como el resto), con el adicional de que quienes los cobran se llevan el dinero del sistema», dice el banquero.

Mientras deciden si cierran o no, en determinadas plazas «difíciles» los bancos están desarrollando acciones «comando» a fin de parar los amparos:
cuando se enteran de que están a punto de ser allanados, cierran las puertas y derivan a la gente a otra filial.

La pregunta es hasta cuándo seguirán jueces y entidades financieras jugando al gato y al ratón. La respuesta estaría en las negociaciones que vienen manteniendo
ABA, Abappra, el Banco Central y representantes del Congreso en torno a la conformación de un nuevo «plan BONEX» (que obviamente llevará otro nombre), y que debería poner fin a esta carrera detrás del poco efectivo que queda en el sistema.

«Tenemos tanta preocupación por los oficiales de Justicia que ni siquiera abrimos los sobres que se depositan en los buzones y los cajeros automáticos: tal como vienen se los envía a otros lugares para ser procesados»
, dijo otra fuente del sector. «La jornada de hoy y mañana serán decisivas: por un lado se sabrá a ciencia cierta cuánta plata se fue estos días, y además se verá qué harán los legisladores con la sanción de las leyes de quiebras y de subversión económica».

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