Bancos traban el uso en bienes de los plazos fijos

Los bancos fueron y son objeto de ataques físicos injustificados como si no hubieran sido el Estado nacional y gobiernos provinciales los que, fundamentalmente, se llevaron el grueso de los depósitos del público que hoy en las anotaciones, pero no en efectivo, están en el «corralito». Las sedes bancarias sufren escraches y algo más. Mucho menos que los políticos que con sus demagogias y sus nombramientos de empleados públicos provocaron déficit presupuestarios, grotescos por su magnitud, que obligaron a colocarles títulos públicos con prepotencia a los bancos (a las AFJP con el dinero aportado por los trabajadores). A cambio del dinero efectivo que se llevaron de esos bancos y AFJP, el gobierno les dejó títulos de la deuda hoy totalmente caídos porque el país anunció el default. Eso es cierto.

También lo es que la inefable jueza María Romilda Servini de Cubría hace detener al banquero Carlos Rohm, no por una acusación contra el desfalco de 150 millones de dólares desde el año 1989, sino por esa absurda figura de la «subversión económica» que es otro argentinismo jurídico, como la «evasión de divisas» cuando nadie prohibía girarlas al exterior ni aun hoy o la «asociación ilícita» (como al juez Jorge Urso en el caso armas) que permiten el castigo directo del ciudadano con la detención antes de que exista condena y por esa insólita acusación de «otorgar préstamos a firmas que no tenían capacidad de devolverlos» (lo informó ayer el hoy nuevamente oficialista diario «Clarín»).

Si esto último fuera así, además de Rohm tendrían que ir presos no menos de 100 funcionarios de bancos oficiales en los últimos tiempos. Empezando por el presidente Eduardo Duhalde y los anteriores directivos del Banco Provincia de Buenos Aires. ¿Quién le prestó 114 millones de pesos-dólares al totalmente insolvente constructor Vittorio Gualtieri, amigo del hoy presidente y realizador de la casi totalidad de la obra pública bonaerense durante su gestión como gobernador? ¿No deberían ir presos los banqueros públicos que le cedieron otros 100 millones de pesos-dólares, también irrecuperables, al grupo Maccarone (sin relación con Roque Maccarone, ex presidente del Banco Central) para el Show Center de la Panamericana? ¿Y los 180 millones de pesos-dólares al grupo hoy en convocatoria Soldatti para esa entelequia que fue el Tren de la Costa? ¿Y los 100 millones a Emir Yoma? ¿Y los 80 millones a Trenes de Buenos Aires? ¿Los 60 millones a Inducuer o Alpargatas? La jueza Servini de Cubría -que dicta fallos en potencial por falta de pericias y pruebas-, asesorada por esa funcionaria antiempresas privadas como es Alicia López, del Banco Central, más la diputada sombra de Elisa Carrió, Graciela Ocaña, ha contribuido a deteriorar la imagen del país. El titular del Fondo Monetario que acaba de llegar, Anoop Singh, lo primero que planteó es la desconfianza en la Justicia argentina a lo cual contribuye la jueza Servini de Cubría -quien aspiraría a una banca en la Corte Suprema que le cedería Elisa Carrió, que en su misticismo cree que podría llegarle como ofrecimiento aunque no haya sido precisamente lo jurídico lo que profundizó en su vida-y el no menos insólito juez Mariano Bergés. Hasta aquí, las torpezas que se están cometiendo contra los bancos y banqueros.

Pero a partir de allí veamos que hoy los bancos están cometiendo tropelías, la principal de las cuales es desalentar, en pos de sus intereses, la salida legítima de fondos del «corralito». Mario Blejer, presidente del Banco Central, sostiene que con una simple solicitud «en base a poner cruces» se pueden girar pagos ineludibles al exterior. Pero no les dan curso. Esgrimen a los Servini, Bergés, Urso y Oyarbide acechando cualquier falla para caerles encima, por lo cual requieren más y más circulares aclaratorias del Banco Central. Admitido que nuestra Justicia es hoy malísima, pero si se exagera se traba el país.

Lo mismo sucede con la gente que endosa un plazo fijo a un tercero que tiene deuda en la entidad y la quiere cancelar totalmente. El banco no toma el pago y dice que no está permitido. El cliente, que no es especialista, le cree al empleado que le da esta explicación. Pero si se pone firme y dice que sabe que hay una circular del Banco Central que permite la operación, lo derivan al gerente, quien pone otras dificultades para desalentarlo. A fuerza de horas perdidas y trámites interminables, el cliente se desalienta. El banco no quiere que este cliente le cancele porque sabe que todos los meses le paga puntualmente las cuotas, a las que el banco les ha duplicado los intereses para compensar la pesificación uno a uno. ¿Cómo va a entregar un plazo fijo ya pesificado a $ 1,40 que tiene una inexistente tasa de interés menor a 4% a cambio de cancelar un préstamo que le da más de 15%? Los bancos saben que las empresas, a diferencia de los particulares, no pagan sus créditos porque no quieren perder capital de trabajo. Las empresas consideran que no van a tener crédito en el futuro y por eso no se esmeran por pagarles a los bancos. Entonces, todo el peso cae sobre el privado, al que el banco quiere sacarle la mayor rentabilidad posible.

Por eso también traban las operaciones de compra de bienes registrables permitidas y obligaron al Banco Central a emitir más circulares.

También demoraron la devolución de pagos que se hicieron antes de las circulares aclaratorias, cuando se estipuló que los créditos superiores a u$s 100 mil se pesificaban a $ 1,40.

Las chequeras se entregan con considerable atraso. Todo lo que el Banco Central facilita al que está en el «corralito» se lo complican las entidades.