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En un breve comunicado leído por el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, el Ejecutivo presentó los decretos que contienen los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos promulgada el pasado 17 de mayo. La reglamentación impone la realización de «auditorías por parte de la Contraloría General en las áreas financieras, operativa, jurídica y técnica a las empresas petroleras emergentes de la capitalización», un proceso de privatización parcial de las firmas estatales que atrajo a la inversión extranjera la década pasada.
Desde 1996 el Estado boliviano suscribió 72 contratos de riesgo compartido con compañías multinacionales, como Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf y British Petroleum, que permitieron el hallazgo de enormes reservas de gas natural, las segundas en tamaño de Sudamérica por detrás de Venezuela.
Los decretos, aprobados después de una reunión del gabinete ministerial, derivarán en el «fortalecimiento» de la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos «a fin de que participe de todas las actividades petroleras», y en la creación de un Centro Nacional de Medición y Control de la Producción y Transporte.
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