La decisión boliviana de retomar el control de seis empresas privatizadas en la década pasada no constituye una nacionalización, como la realizada con los hidrocarburos, aclaró el gobierno. Descartaron, además, que se vayan a decidir nuevas nacionalizaciones en la minería o en otros sectores económicos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
«La política del gobierno de Evo Morales para los cinco años de su gobierno está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), divulgado la semana pasada», aclaró el ministro de Planificación, Carlos Villegas. «Y ese plan no contempla ninguna otra nacionalización», aseguró un personaje influyente en el entorno de Morales, quien con su declaración busca tranquilizar a los agentes económicos de Bolivia y del exterior, inquietos por la posibilidad de nuevas acciones de carácter estatista.
La posición del gobierno en materia económica fue enfatizada cuando faltan pocos días para las elecciones del 2 de julio en las que los bolivianos elegirán a los integrantes de una Asamblea Constituyente y se pronunciarán al mismo tiempo en torno a un referendo sobre autonomías. Villegas aludió a interpretaciones en el exterior, que calificó como « tergiversaciones», respecto del control que reasumirá el Estado en seis empresas que fueron privatizadas durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97). Ese control volverá al Estado mediante un mecanismo de compra de acciones en seis empresas, vinculadas a los sectores telecomunicaciones, electricidad y ferrocarriles, según lo establece el PND. «Lo importante es que queremos tener 51% de las acciones a favor del Estado», dijo Villegas al insistir en que esa medida ha sido erróneamente considerada como una nacionalización, similar a la que se tomó con los hidrocarburos en mayo.
Reestatizadas
Las empresas que volverán a manos del Estado boliviano son las eléctricas Corani, Valle Hermoso y Guaracachi, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), en manos de la italiana Telecom, y las firmas ferroviarias Andina y Oriental, tuteladas por la chilena Cruz Blanca.
En tales empresas los bolivianos tienen una participación de 48% a través de dos administradoras de fondos de pensiones, mientras que los socios privados controlan 51%. En el rubro minero, descartadas las nacionalizaciones, el ministro Villegas hizo notar que el gobierno incentiva la inversión extranjera en el sector y que se contempla una reforma de la legislación con el fin de fortalecer las arcas fiscales.
«No será un cambio drástico; creo que el Estado boliviano tiene que obtener mayores ingresos por la actividad. No es que queremos hacer cambios por afectar por capricho a la inversión minera, queremos que haya inversión minera, pero esa inversión tiene que redituar también al Estado», enfatizó.
El gobierno revisará una serie de concesiones mineras improductivas, en manos de privados que, de acuerdo con el ministro, «se han convertido en una figura similar a las concesionesde tierras», de especulacióny engorde, que Morales intenta revertir en medio de una fuerte resistencia en el rico oriente boliviano.
Entre tanto, la nacionalización de los hidrocarburos siguió teniendo repercusiones en Europa tras declaraciones de la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero Waldner, quien dijo en Bruselas que la Unión Europea sigue con «dudas» ante la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, y exhortó al presidente Evo Morales a negociar con las multinacionales afectadas.
Dejá tu comentario