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En apariencia, tras esa alternativa, que en realidad no está planteada en la Ley de Emergencia Pública, ya que esta norma sólo se refiere a la renegociación de los contratos, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, buscaría proteger los aumentos de tarifas de «urgencia», y eludir la intervención del Parlamento o la reacción adversa de la Justicia.
El ministro aseguró ayer que «la intención del gobierno» es que el aumento de tarifas se produzca este año. «Una cosa es la renegociación de los contratos, que es un proceso a largo tiempo, y otro es este ajuste de tarifas que es de emergencia», dijo Lavagna.
La noticia de la prórroga por 120 días de la renegociación de contratos, no mejoró los ánimos en las privatizadas. «Por ahora, sólo hubo un único contacto con la comisión renegociadora y fue en abril, cuando nos pidieron una presentación con el impacto de la devaluación, desde entonces no hubo contactos», dijeron en una empresa.
Y añadieron: «Nada garantiza que ocurrirá algo en el nuevo plazo, sólo se cumplió una formalidad, porque no hay interés de avanzar en el tema».
Con todo, otro decreto conocido ayer, el 1.834, calmó un poco el mal humor empresarial.
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