La puja campo-gobierno encontró ahora un nuevo frente de combate: las cartas de porte, una suerte de guía de tráfico del agro, cuyo manejo el gobierno ya decidió modificar, quitando a la Federación Agraria Argentina (FFA) la administración de un trámite que actualmente representa unos $ 12 millones al año.
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La Secretaría de Agricultura-firmó el viernes la resolución que no sólo saca del camino a la entidad que comanda Eduardo Buzzi, sino que eleva el precio del trámite de $ 6 a $ 16. Ayer, la Mesa de Enlace emitió un comunicado repudiando la medida oficial, acusando ser víctimas de «persecución política», «discriminación», « hostigamiento» y «represalias de la ONCCA» que comanda Ricardo Echegaray. A su vez, el propio Buzzi salió a pedir audiencia «urgente» al consejo directivo de la CGT y la CTA, acusando que «se perderán cientos de puestos de trabajo».
Los cambios en el sistema de cartas de porte -oficializados ahora por la Resolución 351 de la SAGPyA- habían sido anticipados por Ambito Financiero el 20 de junio pasado. En ese entonces, en pleno conflicto del campo, se explicó que el kirchnerismo deseaba golpear duro en la caja de Buzzi.
Estas cartas son una guía de tráfico para el agro a través de las cuales el gobierno -en particular la ONCCA y la AFIP- puede saber qué se vende, a qué precio y con qué destino. El gobierno de Eduardo Duhalde delegó en la FAA la tarea de intermediación, a la manera de « órgano cooperante», como es el caso, por ejemplo, del registro automotor.
Hasta ahora, el valor del trámite era de $ 6, de los cuales los gestionadores de tales documentos debían pagar a la ONCCA una tasa de $ 2. Con los cambios, la tasa aumentó a $ 10, con valor final de $ 16. Según los precios anteriores, las cartas de porte implicaban unos $ 12 millones anuales.
En el comunicado difundido ayer, la Comisión de Enlace-manifestó su «rechazo al incremento de 400% (tal es el dato que manejan) en el arancel que se aplica sobre cada carta de porte para el transporte y comercio de granos» y rechazaron «la intención, expresada por el presidente de la ONCCA, de prescindir del servicio de emisión de dichos documentos que prestan la Federación Agraria Argentina y la Federación de Centros de Acopiadores». «No existen motivos de índole técnica o administrativa que justifiquen la modificación o erradicación de este servicio», aseguró la mesa integrada por FAA, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, que entiende que la medida «responde pura y exclusivamente a razones de carácter político, persecutorio y con el objeto de perjudicar a quienes sostenemos críticas a la política agropecuaria del gobierno».
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