Canjear la deuda llevará 7 meses

El gobierno deberá encarar a partir de ahora una serie de complejos pasos legales para concretar el canje de la vieja deuda por los nuevos títulos. Según las estimaciones del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que asesora a la Argentina, con suerte el proceso se completaría hacia fines de año.

El primer paso es la presentación de la oferta ante los distintos organismos reguladores. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, adelantó que el 11 de este mes se realizará el trámite ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador de las bolsas estadounidenses.

Una vez completado este trámite, se hará lo propio en el resto de los mercados en los que cotizan actualmente bonos argentinos.

Se estima que todo el proceso de aprobación podría demandar aproximadamente unas ocho semanas, en las que el gobierno deberá, además, dar todos los detalles, no sólo de los bonos a emitir, sino también de la situación actual y las perspectivas futuras de la economía argentina (a través del denominado análisis de sustentabilidad de la deuda).

Las características de los bonos (en términos de tasa, plazo, etc.) pueden modificarse hasta el día anterior a que comience la oferta formal de canje.

Una vez lanzada la operación,se les darán unos 60 días corridos a los inversores para que opten por entrar o no en la operación. Si la aceptación no alcanza el nivel esperado, el gobierno puede disponer una prórroga para intentar una aceptación mayor.

Con el porcentaje de aceptación de cada una de las series de los 152 bonos en default ya en mano, la Argentina intentará modificar las condiciones de emisión de los títulos en default. Se buscará modificarle la legislación ( pasarían de tribunales del exterior a la Argentina), las cláusulas de inmunidad y otras cuestiones estratégicas. Esto apunta a los bonistas que no aceptan el acuerdo. Un aspecto central es que procurarán «deslistar» a la totalidad de los bonos, es decir, que dejarían de cotizar en los mercados. Pero hay un detalle: para esto, necesita que por lo menos 66% de los acreedores acepte participar en la renegociación. Si en cada serie individual de títulos no consigue este porcentaje, el equipo económico no podría avanzar con ningún cambio en las condiciones de emisión, lo cual implica un riesgo adicional ante la posibilidad de recibir numerosos juicios de los inversores en el futuro.