«Las obras públicas tuvieron un crecimiento tan grande que tuvimos que empezar a reimportar equipos que habíamos mandado a Brasil», dijo a este diario Agustín Freixas, de la constructora CCI, concesionaria de las autopistas a La Plata y a Mar del Plata. Agrega: «Estamos ejecutando obras por más de $ 650 millones, en lugares como La Pampa, Victoria (Entre Ríos), Rufino y Casilda, todas ellas a partir de licitaciones provinciales. Por eso tuvimos que traer máquinas que teníamos en Brasil, donde también estamos haciendo trabajos. Esas máquinas se habían ido con la crisis, y ahora vuelven».
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El ejecutivo agrega que el desacuerdo que los separaba de la IFC (Corporación Financiera Internacional) «está casi solucionado». Freixas no habla demasiado del tema, pero se sabe que ese brazo del Banco Mundial para inversiones privadas embargó algunas cuentas de la empresa por la falta de pago de una cuota de intereses sobre un préstamo, que rondaba los u$s 2,5 millones.
La IFC era uno de los accionistas de CCI cuya participación se fue licuando, lo mismo que un fondo de inversión que vendió su parte tras la crisis. En la actualidad, los socios principales de CCI son los mismos que la fundaron hace poco más de una década y media. CCI «nació» de la fusión de un grupo de constructoras, entre ellas, Natino, Aragón, Servente y la de Néstor Alezzo, que es hoy quien conduce el grupo y su principal accionista.
De todos modos, la empresa enfrenta dos renegociaciones complejas, de las que Freixas prefiere no hablar. Una es por la Autovía 2, la autopista a Mar del Plata sobre la que el gobernador bonaerense Felipe Solá reclamó la relicitación. CCI está conversando con el gobierno provincial, porque -según fuentes del mercado-tampoco a ellos les satisfacen las actuales condiciones de la concesión: es que hace un año y medio las tarifas se redujeron 50%. En caso de relicitarse la ruta, y dado que al grupo concesionario le quedan al menos cinco años más de explotación de la ruta, reclamarían unos $ 80 millones como compensación. Y obviamente no sería de extrañar que tomaran parte en una hipotética relicitación.
La concesionaria, Covisur, está formada en partes iguales por Esuco -del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Enrique Wagner, un hombre de buena llegada al gobierno nacional-, el Grupo Roggio, Dycasa y CCI, que se alternan en la conducción de la empresa.
La otra gran renegociación que tienen pendiente es la de la autopista Buenos Aires-La Plata, que opera la empresa Coviares -de la que tienen 62%; el restante 38% es de Roggio-. Se trata obviamente de la concesión vial más fuerte de CCI; allí no sería de extrañar que el Ministerio de Planificación les otorgara un incremento de alrededor de 15% promedio, o sea, una cifra similar a la otorgada a los otros operadores de peaje.
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