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Se trata de inmuebles, terrenos y tierras de ferrocarriles que, en muchos casos, ya son utilizados con un permiso provisorio para los cuales se haya aprobado el traspaso. El límite de la operatoria son los $ 300 mil, y todo exceso de esa suma será ajustado a través de un plan de pagos.
Como el proyecto tiene como eje la función social, el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) se encargará de controlar de que si el municipio no cumple con el cargo por el cual solicitó el inmueble, éste vuelva a Nación. En la transferencia de propiedades a municipios también se aplicará la llamada ley de silos, instalada en su momento para que los empresarios colocaran los silos cerca del tren, pero hoy, como los ramales están en desuso, estas tierras deben ser devueltas al Estado.
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