CIADI: la Corte revisa arbitrajes

Aunque el secretario legal y técnico Carlos Zannini se apresuró en contratar los servicios del estudio de Chicago Mayer, Brown, Rowe & Maw, las primeras definiciones del ministro y vicepresidente del PJ Capital, Alberto Iribarne, anticipan una nueva puja intestina en el gobierno acerca de la estrategia que se utilizará para enfrentar los juicios internacionales que tiene el país con las empresas privatizadas.

A poco de asumir, el sucesor de Horacio Rosatti ratificó que seguirá la «línea dura» de instalar los litigios en terreno argentino.

Esto es: la Corte Suprema de Justicia. Iribarne no lo verbalizó de esta forma, pero dijo: «No hay fallo arbitral que esté por sobre las disposiciones de la Constitución nacional». Es reconocer que ésa será su política mientras dure en su cargo. Ciertamente, es una expresión contundente y una señal peligrosa para los inversores privados, luego de que en mayo último la Argentina perdiera el primer laudo en el CIADI. Aquella vez el tribunal arbitral del Banco Mundial le reconoció a la norteamericana CMS Energy Corp -accionista de la empresa de gasoductos TGN-una compensación por u$s 133 millones y acusó al Estado nacional de haber tenido un «trato discriminatorio» y de «expropiación».

El Estado afronta una treintena de demandas por un total de 17.000 millones de dólares ante el CIADI. Las compañías exigen compensaciones por los perjuicios derivados de la devaluación del peso y el congelamiento de las tarifas desde comienzos de 2002. El argumento que han presentado todas es casi el mismo: la devaluación violó el contrato que durante la privatización estableció que las tarifas de servicios públicos estaban fijadas en dólares. Llevar el laudo a la Corte Suprema es lo que pretende el gobierno desde que conoce que siete jueces estarían dispuestos a prestar su voto para un fallo dónde quede establecido que ese tribunal tiene la última palabra por encima de la sentencias que provengan del CIADI.

Es la forma que ha elegido la administración Kirchner para condicionar los acuerdos de renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos a que las compañías, en su mayoría europeas y de EE.UU., desistan de sus demandas ante el tribunal del Banco Mundial.

El gobierno sostiene -y ése será el discurso de Iribarne-que estos acuerdos tienen un rango inferior a la Constitución y que, por lo tanto, pueden ser apelados ante la Corte Suprema. De esta forma, pretende «nacionalizar» la queja y conducir el litigio a un estrado que reconozca la validez de las leyes de emergencia y de la pesificación.