Para sorpresa de nadie, la Secretaría de Comunicaciones canceló la licencia que tenía la empresa Nahuelsat para poner en órbita un segundo satélite de comunicaciones a fin de poder relicitarla y no perder así la posición asignada en el espacio para un satélite argentino. La empresa afectada, en un comunicado distribuido anoche, advirtió que «está evaluando las medidas y acciones que considere más adecuadas en defensa de sus legítimos derechos», y asegura que en julio pasado habían presentado una «propuesta integral» para ocupar la órbita de la que eran adjudicatarios. Nahuelsat ya tiene un satélite, el Nahuel I en órbita -que comenzó a funcionar en 1997-; el segundo debía ubicarse en la posición orbital de 81 grados Oeste, situación considerada «de privilegio» en virtud que desde allí es posible dar servicios de telecomunicaciones a territorio de Estados Unidos. Los accionistas de Nahuelsat son la alemana EASD (47,3%), la francesa SES Global (28,75%), la italiana Finmeccanica (11,7%), la estatal uruguaya AnTel (6,5%) y Publicom, subsidiaria de Telecom Argentina (5,75%).
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La resolución revocatoria, suscripta por el secretario Guillermo Moreno, anula una previa de 1998 en la que se otorgaba la órbita de 81 grados a Nahuelsat en el marco del Acuerdo de Reciprocidad Satelital suscripto con Estados Unidos y homologado ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Sin embargo, las dificultades financieras del país harían hoy casi inviable una inversión de entre u$s 300 y 350 millones necesaria para construir y poner en el espacio el aparato en cuestión. De hecho, el entonces CEO de Nahuelsat, Jorge Irigoin -hoy CEO del correo privado OCA-, le había dado entender a More-no la casi imposibilidad de cumplir con el compromiso contraído.
El funcionario intentó convencer a empresas del mercado de las comunicaciones (llegó incluso a convocar a cooperativas telefónicas) de incluirse en el negocio, sin éxito, por lo visto. Dado que el permiso otorgado por la UIT caduca en 2005, y ante la evidencia de que Nahuelsat no iba a cumplir con la segunda parte de su compromiso, ayer hizo pública la determinación de convocar a una nueva licitación para la órbita, sin que pueda aventurarse hoy si encontrará interesados.
Como ya es hábito de este gobierno, la resolución no ahorró duros términos contra la empresa licenciataria. En sus considerandos, la norma apostrofa la adjudicación a Nahuelsat calificándola de «discrecional» y «no permitida por la ley». Se pregunta -casi retóricamente-«para qué se asignó la posición orbital 81° Oeste y sus bandas de frecuencia asociadas si no estaba determinado el satélite destinado a ocupar dicha posición ni, entre otras cuestiones, la fecha de su puesta en órbita». A pesar del comunicado de anoche de Nahuelsat, no parece que vaya a producirse algún chisporroteo entre el Estado y la empresa: ésta no tenía demasiado interés en el negocio y quiere preservar la operación de su otro satélite.
La resolución original no daba plazo a Nahuelsat para poner en órbita su segundo satélite: se limitaba a indicar que eso debía suceder «cuando la demanda así lo requiera». Ese día nunca llegó, y los expertos aseguran que hoy existe una sobreoferta de satélites en la región por la presencia de empresas como Hispasat, Intelsat, PanAmSat, News Skies y Brasilsat, por citar algunas. Ante esta competencia, Nahuelsat podría encontrarse en serias dificultades, al no contar con masa crítica por tener sólo un aparato en el espacio, y arrastrar una deuda superior a los u$s 400 millones que aún no ha renegociado.
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