Trascendió que la Cámara Penal Económica confirmó ayer las multas a cuatro empresas cementeras que había impuesto la Comisión Nacional de la Competencia cuando Roberto Lavagna era ministro de Economía. Si bien los montos -según el trascendido- serían inferiores a los determinados por la CNDC, de todos modos se tratará de un duro golpe a los líderes del sector.
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Las empresas alcanzadas por el fallo -que habría sido dividido: 2 a favor y un vocal en contra- son Minetti y Cementos San Martín (ambas subsidiarias de la suiza Holcim), Loma Negra (de la brasileña Camargo Corréa), Cementos Avellaneda (del grupo español Molins) y PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia). Las penalidades estarían entre u$s 20 y u$s 40 millones, con la excepción de PCR, cuyo castigo sería muy inferior.
El total de la multa rondaba los u$s 310 millones, y se acusaba al sector de haber fijado precios y actuado en connivencia con ese objetivo en el lapso comprendido entre los años 1981 y 1999. «Las multas se imponen a las empresas por haber participado en un acuerdo en el cual se llevaba a cabo un reparto de cuotas y participaciones de mercado a escala nacional», decía Economía en un comunicado fechado el 26 de julio de 2005. El propio Lavagna -en conferencia de prensa- dijo ese día que las cementeras «pactaron acuerdos para mantener precios elevados mediante concertación de cuotas».
Tanto por entonces como por estos días PCR, de la familia Brandi -como toda empresa patagónica, «acusada» de amistades profundas con los Kirchner- fue diferenciada del resto de las infractoras. PCR sigue siendo la única cementera del país que permanece en manos de accionistas locales.
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