La entidad reclamó a la Justicia que las empresas asociadas pudieran calcular sus tributos teniendo en cuenta el ajuste por inflación.
La medida del magistrado no sólo beneficia a las más de 50 empresas miembros de la UIC sino que también tiene alcance a todas aquellas que están asociadas a las 23 cámaras que componen la Unión Industrial cordobesa.
Según los fundamentos del juez Busto Fierro, la crisis económico-financiera por la que atraviesa el país «obviamente conduce a la imprecisión de establecer con parámetros apropiados los efectos de la devaluación».
Por esa razón consideró «inadecuado» determinar el Impuesto a las Ganancias sobre la base de períodos fiscales que han sido afectados en la emergencia con los criterios establecidos por el organismo de recaudación, por lo que autorizó a la UIC, incluido a todos sus asociados, a presentar su declaración jurada y efectuar el pago del Impuesto a las Ganancias de acuerdo al último ejercicio fiscal (período 2002), «aplicando provisionalmente el ajuste indicado en la demanda».
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