Cristina firmará lo que no desea si no logra quórum mañana

La extraña «confusión» que vivió el bloque radical de Diputados la semana pasada al habilitarle al gobierno la votación de la Ley de Emergencia Pública para la sesión de mañana sin que lo supiera la mayoría de los integrantes de esa bancada ya comenzó a tener sus costos. El kirchnerismo deberá ahora reunir el quórum con la tropa propia y sus aliados a la hora de votar el proyecto. El escándalo que estalló dentro de la UCR cuando se hizo público que en una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria del miércoles pasado se había incluido la Ley de Emergencia con su consentimiento, despertó a muchos diputados que ahora se niegan a ingresar al recinto para votar esa norma.

Esa situación complica los planes de Cristina de Kirchner que quiere tener votada la prórroga de la Emergencia Pública antes de asumir la presidencia para que sea su marido y no ella quién estampe la firma para proclamar esos poderes especiales que siempre criticó, pero ahora usará.

El viernes pasado Alberto Fernández desmintió esa estrategia alegando que el apuro en votar la ley sólo se debe a que de esperar a la renovación parlamentaria del 10 de diciembre los tiempos reglamentarios no darían para aprobar la prórroga de la Emergencia antes de fin de año.

Con esa discusión bajará al recinto mañana el kirchnerismo. No necesitará reunir quórum para comenzar la sesión ya que ésta viene de un cuarto intermedio del jueves pasado, después que Diputados votara la ley de eliminación progresiva de los vales alimentarios.

Estrategia

El oficialismo deberá reforzar el número propio para conseguir el quórum apelando a una asistencia perfecta de sus aliados como el Peronismo Federal, que le fue esquivo hace dos semanas a la hora de votar la prórroga de la vigencia del impuesto al cheque. También de los radicales K y otros socios de la concertación.

Recién cuando consigan el quórum, la oposición ingresará al recinto. La estrategia fue uno de los temas que se debatió en el plenario del Comité Nacional de la UCR donde se reeligió al jujeño Gerardo Morales como presidente partidario. Allí se acordó ordenar a los bloques de Diputados y el Senado votar en contra de la renovación de la Emergencia Pública, una ley que sólo mantiene como cláusula útil: la facultad cedida al Poder Ejecutivo para renegociar contratos y tarifas con empresas de servicios públicos privatizadas sin pasar previamente por el Congreso.

El conflicto con la renovación de la Ley de Emergencia Pública, estalló el miércoles pasado. Por la mañana el gobierno había girado al Senado un proyecto de prórroga de toda la Ley de Emergencia por un año más. Una hora después el proyecto ya tenía dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero por la noche el rionegrino Miguel Pichetto no consiguió reunir los dos tercios de los miembros presentes para poder votarla. Así, se demoró el trámite. El peligro comenzó a ser, para Cristina de Kirchner, que el Congreso no la aprobara antes de terminar el mandato de su marido y que, por lo tanto, ella debiera promulgarla.

Para evitar esa incomodidad, el siempre dispuesto Agustín Rossi, presentó ese mismo día otro proyecto similar al del gobierno pero en Diputados. Y para asegurarse el tratamiento consiguió incluirlo en el plan de labor de la sesión que arrancó el miércoles por la noche y continuará mañana. Ese acta de Labor fue aprobada también por la oposición que luego se excusó alegando que pensaron que se trataba del proyecto ingresado al recinto. No sabían, se defienden ahora, que estaban ayudando al gobierno a acelerar la votación de esos poderes que públicamente critican en el recinto. Pareció, entonces, que existía un acuerdo con el kirchnerismo que ninguno de los partidos quiso revelar.