Curioso: por la recesión hay menos accidentes de tránsito
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Esto es, sólo existe un bare-mo para los accidentes de trabajo cuya cifra tope por muerte o incapacidad total y permanente es de 180.000 pesos. Las muertes y lesiones por accidentes de tránsito, si bien se guían por esta variable, no tienen una tabla específica y siempre estuvieron libradas a la discrecionalidad de los jueces. Así las cosas, desde enero, todas las demandas iniciadas por estas causas contienen una larga lista de pedidos de inconstitucionalidad. Desde la derogación de la convertibilidad hasta las disposiciones que prohíben expresamente cualquier actualización monetaria o variación de costos (Ley 25.561). Todos estos preceptos legales son cuestionados por los abogados que representan a la parte actora.
• Desacuerdo
La Cámara Civil se reunió varias veces para unificar criterios, pero todavía no surgió ningún acuerdo. Sólo trascendió que un magistrado habría tenido la idea de equiparar las indemnizaciones al valor del dólar. Algo que final-mente parece descabellado, teniendo en cuenta que ya hay muchas sentencias que no se pagan, sea porque la demandada es una empresa de transporte público quebrada o porque la compañía de seguros se encuentra en estado de liquidación.
El mercado asegurador soporta 85.000 juicios. Durante la convertibilidad, las indemnizaciones se mantuvieron más o menos estables. Esto alentó a las empresas a cumplir con la obligación de hacer ofrecimientos extrajudiciales a los damnificados. La mediación y los arreglos fuera de tribunales fueron positivos, tanto para el sector seguros como para la Justicia. Las víctimas tenían la opción de aceptar el dinero ofrecido o iniciar el juicio.
Ahora, luego del «corralito» y la pesificación de los activos en bonos de la deuda pública y préstamos garantizados, la liquidez de muchas compañías sería sólo una ficción técnica. De ahí la evidente disminución de acuerdos extrajudiciales, ofrecimientos o arreglos en media-ción.
• Actualización
En el ámbito judicial, sólo una sentencia de la Sala G marcaría una tendencia en materia de aumento de indemnizaciones a raíz de la devaluación monetaria. Este tribunal dispuso, en un juicio por daños contra Edesur, aplicar un índice de actualización de 5 por ciento mensual hasta el momento del efectivo pago. «A fin de que no se produzcan desequilibrios» a raíz de la situación económica actual, afirmaron los camaristas Greco, Montes de Oca y Bellucci en su resolución.
La ley que derogó la convertibilidad prohibió toda actualización monetaria o indexación por precios. Luego llegó el CER, que posteriormente fue derogado para algunos créditos. Más de 70 decretos con excepciones a las normas de emergencia económica contribuyen a la confusión general. Por ahora, el vacío normativo en la materia es llenado por la decisión de los jueces.



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