De jardín de infantes

El largo trámite del caso Greco, desde que se inició en la Justicia hasta ahora,está plagado de luces y sombras que bien conocen todos los funcionarios de línea del Ministerio de Economía. No es secreto que la verdadera historia del expediente que comenzó cuando las familias Greco-Bassil iniciaron la ejecución del acuerdo que habían firmado con el Estado en tiempos de Raúl Alfonsín -negociado por el entonces procurador del Tesoro, Héctor Fassi, para establecer compensaciones mutuas por los excesos en la intervención al grupo en 1980-, no es tan simple ni tan lineal como la cuentan hoy sus actores. De hecho, en la trama se cruzan dos causas distintas: la original y luego la ejecución de la primera sentencia, también impulsada por los abogados de los Greco, que se inició recién a fines de 2002. También cambió durante todo ese tiempo la actitud de los abogados del Estado en la defensa frente a las pretensiones de los Greco y sus patrocinantes: en mayo de 2004 puede notarse claramente que se pasa de un reclamo del Estado hacia los Greco por deudas que se les exigían por los pagos que se habían realizado por cuenta de sus empresas fallidas a reconocerles parte de su reclamo. Es lo que derivó en la última homologación de la deuda en el juzgado de Francisco de Asís Soto, juez que se limitó a fallar sobre lo que el propio gobierno argentino le adjudicaba a los Greco por medio de sus abogados del Ministerio de Economía.

LA TRAMA

Quienes conocen en profundidad la causa no dudan en afirmar que ese momento del pleito es el que se debe investigar para encontrar el origen del supuesto ilícito. Obviamente, ningún funcionario de Economía acepta por estos días relatar públicamente las alternativas del caso. Ambito Financiero dialogó con uno de ellos, previa exigencia de mantener la reserva de la fuente, y tuvo acceso a documentación clave de la historia del millonario juicio. De allí surgen datos que esclarecen esta trama:

Funcionario: La prensa está confundida con las causas judiciales de los Greco. No fue una causa sino dos, y no es cierto que todos los abogados que intervinieron no hayan defendido al Estado, ni que todas las sentencias hayan condenado a pagar a los Greco. Hay dos momentos distintos en la defensa. Recién en mayo de 2004 se les reconoce la deuda. Los $ 332 millones que les falla el juez en 2005 fueron porque el Estado aceptó pagarlos.

Periodista: Eso se elevó después a los $ 578 millones que llegaron en el pedido al Congreso. ¿No se contemplaron las deudas que los Greco tenían con el Estado?

F.: En esa instancia ya no, pero antes sí se había hecho. Por eso le digo que la defensa cambió de estrategia en 2004 de manera sospechosa.

P.: ¿Por eso es que Felisa Miceli ordena declarar nulo todo lo actuado por los abogados del Estado hasta ese momento, en setiembre de 2004?

F.: Exactamente. La fecha que fijó la ministra no es caprichosa. Algo pasó en ese momento, Miceli lo sabe y el problema es que no se dice públicamente, por más qe actualmente el ministerio haya quedado entrampado con el trámite político de haber pedido los bonos al Congreso para pagar a los Greco y después negarlo.

P.: Dígame usted qué pasó en 2004...

F.: Hay que arrancar con la sentencia judicial del 28 de diciembre de 2001. Todo el mundo sostiene que allí se condenó al Estado a pagar a los Greco y eso no es tan cierto.

P.: ¿Cómo que no es cierto? Ese es el origen de todo el problema.

F.: No, en ese fallo por la ejecución del convenio que los Greco firmaron con el gobierno de Alfonsín el juez Francisco de Asís Soto declara que el convenio es de cumplimiento imposible y que una indemnización por daños deberá fijarse, pero en otro juicio donde las partes deben presentar los créditos y débitos que tienen para calcular la indemnización. Y ese convenio era de cumplimiento imposible, no sólo porque muchas empresas de ellos ya estaban liquidadas, sino también porque los Greco no habían cumplido casi ninguna de las obligaciones que asumieron. Ese fallo es el que aceptó la abogada del Estado María Eugenia Martínez, y está bien que lo haya hecho. De ahí en adelante se debía empezar otro juicio.

CAMBIO DE RUMBO

P.: Llegamos ahí a fines de 2002, cuando los Greco inician la segunda ejecución...

F.: Exacto, y en la contestación de la demanda que les hace Martínez recuerda todos los pagos que el Estado hizo por cuenta de los Greco a distintos acreedores. Se hicieron en el Juzgado 26, Secretaría 51, donde tramitaban las quiebras.

P.: ¿Cuánto era el monto?

F.: En ese momento el Estado les reclamaba a los Greco una deuda $ 547 millones. Eran casi $ 447 millones por lo que se había pagado a cuenta de sus deudas y otros $ 100 millones por indemnizaciones que debían pagar, entre otras cosas por paquetes accionarios que no cedieron. Martínez pidió que se presentara toda la prueba que estaba en los expedientes de las quiebras. Eran 34 pliegos de pruebas. Estábamos ya en mayo de 2003

P.: ¿Qué respondieron los Greco a eso?

F.: Es curioso, sólo se opusieron a que se abrieran las pruebas.

P.: ¿Cómo siguió ese juicio?

F.: Martínez renuncia al ministerio y toma la causa la abogada Beatriz Pernas, que en realidad trabajaba bajo órdenes de Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos del ministerio y ahora investigada por este tema. Poco después comienza a cambiar el rumbo del expediente.

P.: ¿Cómo fue?

F.: Entre mayo y junio de 2004 los abogados de los Greco piden una audiencia de conciliación, raro si supuestamente tenían todo para ganar. Pero esa audiencia se pospone para el 12 agosto del mismo año y de allí en adelante se empiezan a pedir nuevas audiencias. Hubo una el 30 de setiembre, otra el 30 de noviembre, se prorroga el plazo nuevamente al 15 de diciembre y después al 10 de marzo de 2005. En ninguna había discusión ante el juez ni acuerdo.

P.: ¿Qué estaba pasando?

F.: Es una pregunta de jardín de infantes...

P.: No, quiero que usted me lo diga...

F.: Estaban negociando en algún lugar...

P.: ¿Y quiénes hacían falta en esa negociación?

F.: Yo le diría que para arreglar una cosa así usted necesita a funcionarios de la línea del ministerio, algún subsecretario que ponga la firma y una ayuda de la Procuración. Recuerde que por entonces estamos hablando de la época de Roberto Lavagna.

P.: ¿Cómo terminó?

F.: Sorpresivamente el Estado se presenta y dice reconocer parte de la deuda que exigían los Greco. El grupo consiente esa liquidación y al juez no le queda otra que homologar el acuerdo. Eso es lo que ahora quieren cobrar.

P.: ¿Y el tramo que corresponde a Miceli?

F.: Miceli es culpable de haberse comido el garrón del proyecto. Y deberá investigar quién le llevó el expediente hasta su despacho. Pero en el ministerio saben que estaba muy cerca de su oficina.