La autoridad de aplicación de este decreto resulta ser la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, los responsables del cumplimiento de estas normas los entes reguladores de servicios públicos, y la Sindicatura General de la Nación debería verificar la aplicación de esta ley.
Estos regímenes son de estricto cumplimiento en casos semejantes en países del Primer Mundo, asegurando que las concesionarias de obras y servicios públicos y las empresas del Estado, ofrezcan un buen servicio a un precio equitativo y justo, de otra forma los sobreprecios por adquirir productos más caros, lo pagará el usuario.
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