Diputados: controlará el PJ comisión clave

El peronismo del Congreso se aseguró ayer el control de la comisión bicameral que supervisará cómo usa Domingo Cavallo los poderes especiales por un año. Gracias a una picardía, manejará 6 de los 12 miembros que integran el cuerpo y quedará así en posición ventajosa para negociar con el gobierno.

Por si fuera poco, sólo le falta hacer cumplir a la Alianza la promesa de que le cederá la presidencia de esta comisión clave, con fecha de vencimiento el 1 de marzo de 2001. El diputado Oscar Lamberto figura al tope de las preferencias.

Aunque sólo le corresponden 5 sillas, 3 por Senado y el resto por Diputados, el PJ logró sentar a un aliado incondicional, el popular fueguino Ruggero Preto, quien llega nominado por los partidos provinciales de la Cámara alta. En cualquier votación de la bicameral, tal cual viene sucediendo en el recinto senatorial, este aporte extra resultará decisivo.

La Alianza deberá conformarse con un quinteto leal, ya que el delegado del interior de Diputados -Alberto Natale-, si bien suele votar con el oficialismo, no está atado a la suerte de la Casa Rosada.

Amenaza

En la víspera se confirmó que Jesús Rodríguez y José Gabriel Dumón defenderán al radicalismo en la bicameral, en compañía del frepasista Juan Pablo Cafiero. «Juampi» se presenta como la amenaza doméstica que pone en peligro la estabilidad aliancista. Incondicional de Carlos Chacho Alvarez, puede convertirse en disidente y acentuar la minoría gubernamental en cuanto se resquebraje el frente electoral.

Por el lado del Senado, los radicales todavía no pudieron ponerse de acuerdo sobre los nombres. Ayer fracasó la reunión de bancada prevista a tales fines por el faltazo de 8 legisladores. La idea de Jorge Agúndez es que, a más tardar el martes que viene, se llegue a un consenso.

En la terna ya están anotados el catamarqueño Pedro Villarruel, el bonaerense Leopoldo Moreau y el santafesino Horacio Usandizaga. Al pampeano Néstor Rostan lo lanzaron a la ronda de candidatos ayer, mientras Agúndez y compañía hacían tiempo para juntar quórum en el bloque. Curiosamente, el sucesor de Antonio Berhongaray y Villarruel encabeza los boca de urna. Usandizaga puede contentarse con el cargo que tiene en el Consejo de la Magistratura. En cuanto a Moreau, su enemistad manifiesta con Cavallo lo inhabilitaría para convertirse en juez. Al mismo tiempo, conspiran contra sus pretensiones las escasas posibilidades del bonaerense de renovar mandato el 10 de diciembre. Como se trata de una comisión con mandato por un año (el plazo que el Congreso le dio al ministro para los poderes especiales), juegan con preferencia quienes aspiran a la reelección con chances más o menos ciertas.

El peronismo, que en la víspera se sumó al reclamo de crear una comisión investigadora por supuesto lavado de dinero (la obsesión de Elisa Carrió), se decidió a copar la bicameral desde la noche misma en que se aprobó la Ley Reactivante. El fueguino Gerardo Palacios se ocupó de redactar el proyecto de resolución que establecía el cupo por partido político.

La oposición consiguió incluso superar un obstáculo que parecía insalvable: una puja intestina sangrienta entre los postulantes. José Luis Gioja propuso un trámite de votación que evitó las discusiones a viva voce, aunque terminó teñido de sospechas.

Los miembros del bloque eligieron a los 3 delegados por escrito y en supuesto secreto. La segunda parte del mecanismo de votación, sin embargo, generó sospechas. El 99% de los sufragios reproducía idénticos candidatos -obviamente, consagrados-, el jujeño Alberto Tell, Carlos Verna (La Pampa) y el mismo Gioja.

Por supuesto, se acallaron las peleas previsibles entre los nominados y quienes aspiraban a serlo, por caso el tucumano José Carbonell -discriminado por su presunta urgencia en aprobar los poderes especiales-y Jorge Yoma (La Rioja), quien ya había sido segregado en la designación de miembros del consejo de jueces.

Los diputados reservaron la nominación a la mesa de conducción que encabeza Humberto Roggero. Además de Lamberto, se coronó a Eduardo Camaño (Buenos Aires). Sin embargo, sigue latente una polémica interna, ya que había otros pretendientes como Carlos Soria, actual vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.