El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será el encargado de plantear las bases para la reconstrucción del sistema financiero a través de un trabajo que el organismo internacional presentó hoy al presidente Eduardo Duhalde. El jefe de Estado y el titular del BID, Enrique Iglesias, se reunirán en Buenos Aires para firmar la forma en que se liquidarán unos 694 millones de dólares (ver nota aparte). Allí Iglesias le adelantará las primeras definiciones del informe financiero que está preparando un equipo que dirige el argentino Guillermo Calvo.
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Estas conclusiones previas, a las que tuvo acceso en exclusiva este diario, son la recomendación de no avanzar en un sistema basado en el offshore, la división de la banca pública en transaccional y crediticia con fines muy definidos, la obligación en una primera instancia de garantizar 100% de los depósitos y el destino para que el Banco Nación adopte el rol de contralor financiero de las provincias. El BID estima, además, que deben cesar los ataques de la clase política a los bancos y que, inevitablemente, habrá una disminución importante en los volúmenes de negocios. De todas maneras, la primera conclusión del BID es que este proyecto sólo será viable si la Argentina logra firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. El informe no es proclive a la aplicación de una norma legal que permita el funcionamiento de una banca offshore, es decir que la garantía de los depósitos esté fuera de la Argentina, por ejemplo en Uruguay o el Caribe.
Esta alternativa serviría para recrear cierta confianza pero no para que en el mediano plazo vuelva el crédito, fundamentalmente para las empresas.
• Confianza
Sobre el capítulo de la confianza, el trabajo habla de la obligación para los primeros momentos del nuevo sistema financiero de mantener garantía por 100% de los depósitos, sobre todo si se trata de dinero en dólares; pero siempre manteniendo a las entidades dentro del esquema local sin llegar a las offshore.
El trabajo que dirige Calvo, habla, además, de la creación primaria de una banca transaccional como primer mecanismo de recomposición de la relación del público con el sistema financiero. Este tipo de operatoria, fundamentalmente operaciones a través de cajas de ahorro y cuentas corrientes (débitos automáticos, tarjetas de crédito y débito, cheques, etc.), sería propiedad exclusiva de la banca privada sin discriminación entre nacional e internacional. Sólo en una segunda etapa estos bancos podrían extender la operatoria a la posibilidad de entregar préstamos. Igualmente, esto sería muy restringido. Para los depósitos en dólares, y una vez que la confianza del público haya obtenido cierta firmeza, los créditos únicamente podrían destinarse a exportaciones o proyectos productivos con muy bajo nivel de riesgo. Para los depósitos en pesos podría haber más flexibilidad, pero también hacia actividades con calificación alta. En el esquema del BID figura que por un largo plazo (más de dos años) no habría dinero disponible para el público en general para créditos hipotecarios, prendarios o personales, sobre todo en dólares. Esta alternativa deberá esperar un largo tiempo. Los hombres que trabajan con Iglesias y Calvo en este tema tienen en mente un rol muy distinto del actual para la banca pública. No hablan de privatizar los bancos estatales, pero sí de redefinir su rol dentro del sistema financiero. Finalmente, el informe que prepara el BID es claro en cuanto a la relación que la clase política debe tener con el sistema financiero. Como primer consejo, y de aplicación inmediata, Iglesias y Calvo hablan ya personalmente de la necesidad para la dirigencia argentina de dejar de atacar a los bancos.
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