Renacieron ayer las serias dudas dentro del gobierno sobre el decreto de restitución de la rebaja de 13% para las remuneraciones de los empleados públicos y jubilados. La medida, aplicada desde julio de 2001, fue declarada inconstitucional hace 15 días por la Corte Suprema. Ayer, y mientras el texto de la norma estaba a disposición del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, para ser firmada por los ministros, Roberto Lavagna volvió a plantearle a Eduardo Duhalde sus dudas sobre la posibilidad de cumplir con el costo de la decisión durante 2003. Mientras tanto, la principal opositora del decreto dentro del gobierno, Graciela Camaño, aseguró que si se mantiene la cláusula de liquidar el retroactivo del período julio 2001-diciembre 2002, con un bono con cobro a más de cinco años, «firmará recién hoy y bajo protesta explicada personalmente al presidente de la Nación», según aseveró un alto colaborador de la ministra de Trabajo.
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Roberto Lavagna hizo ayer un último intento para defender posiciones propias y explicó largamente a Duhalde, durante una reunión privada en la Casa de Gobierno, sus dudas de cumplir en 2003 por el costo fiscal que genera la restitución del 13%. El ministro de Economía se amparó en la eventual inconsistencia del programa monetario y fiscal para el año próximo y lo lejana que está hoy esta propuesta de cualquiera que pueda avalar el Fondo Monetario Internacional (FMI), si se mantiene este aumento en los gastos. Lavagna insistió incluso en la posibilidad de postergar el pago de este incremento en el gasto por aproximadamente 180 millones de pesos mensuales (2.340 millones anuales, sumando 12 meses de salarios más aguinaldos); y atendiendo en un primer momento únicamente las liquidaciones de los casos de los empleados públicos y jubilados que vaya aprobando la Justicia. Según las especulaciones de Economía, esta actitud generaría una reducción notable de efectivo para cumplir con los pagos corrientes que, en teoría, llegarían recién para fin de año a los 180 millones de pesos mensuales.
Aparentemente Duhalde escuchó atentamente las explicaciones de su ministro de Economía, e incluso en varios pasajes le dio la razón. Sin embargo, por la noche, Atanasof comenzó a llamar a los integrantes del Gabinete de Ministros para que rubriquen el decreto que reglamenta el pago del aumento de 13% para los salarios públicos a partir de enero de 2003, y de la inclusión de las partidas necesarias para atender este incremento en el gasto en el proyecto de presupuesto para 2003. La forma en que se cumplirá con el retroactivo del período julio 2001-diciembre de 2002 generó enojos de Graciela Caamaño. La ministra de Trabajo mantiene hasta ahora su postura de no aceptar un título público de este tipo y que en todo caso, y como posición final, se liquide el retroactivo con un bono que «sirva para el consumo corriente sin que el empleado público y el jubilado pierdan poder adquisitivo», según explicó a este diario un colaborador directo de la ministra. En otras palabras, lo que Camaño reclamaba hasta anoche es que el bono con que se liquidará el retroactivo del 13% sea una especie de LECOP, que pueda ser canjeado como dinero «y no con un título que cotice en el mercado a 20% de su valor nominal». Camaño llevará esta postura hasta las últimas instancias. En concreto, no firmará ante Atanasof y esperará a este mediodía para plantearle la situación y sus quejas al propio Duhalde en un almuerzo privado. Si después de ese almuerzo Duhalde continúa apoyando la posición de su ministro de Economía, probablemente firme el decreto de todas maneras «pero bajo protesta pública», según el colaborador de Caamaño. Esto quiere decir que es muy posible que el Presidente deba soportar algunas embestidas mediáticas de la ministra de Trabajo contra su colega del Palacio de Hacienda.
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