Duro ataque contra FMI del ministro

Con inusual dureza, el gobierno salió ayer a atacar al FMI ante la posición inflexible del organismo en el análisis de la tercera revisión de metas. «El cuerpo técnico del Fondo no parece estar totalmente preparado para hacer frente a una situación en la cual haya una crisis de gran magnitud», expresó un informe elaborado por el Ministerio de Economía bajo el título «La Argentina, el FMI y la crisis de la deuda».

El trabajo -que se conoce poco después del informe crítico de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI-efectúa un repaso histórico de la relaciónentre la Argentina y el Fondo.Pero también se concentra en las negociaciones más recientes y los «errores de diagnóstico» que cometió el organismo a la hora de evaluar la situación de la Argentina.
Roberto Lavagna señala que es « altamente cuestionable que el FMI imponga condicionalidades estructurales en sus programas, exigiendo medidas que van más allá de las atribuciones de un gobierno republicano», en referencia directa a la Ley de Coparticipación Federal.

Pero también hay una crítica muy fuerte a la presión que estánejerciendo desde el FMI para que el gobierno mejore su oferta por la deuda: «Una propuesta de reestructuración producto de presiones y poder de negociación desigual no será compatible con la sostenibilidad de mediano y largo plazo», se señala. Además, resalta que en lo que va de 2004 ya se efectuaron pagos netos a los organismos multilaterales por u$s 1.200 millones, que ya suman casi u$s 8.000 millones desde la salida de la convertibilidad.

• Negociación

El momento elegido para dar a conocer el trabajo no es casual. Se produce, en realidad, en medio de una negociación que no puede ser destrabada ante los pedidos del FMI por una mejora de la oferta por la deuda, adelantos en las negociaciones con las privatizadas y también pedidos para que aumente el superávit fiscal en 2005. Así, el gobierno procura sumar elementos de análisis para ganarle la pulseada al FMI.

A continuación, los puntos más destacados del informe:

• La Argentina se compromete a un esfuerzo fiscal superior al de los últimos 50 años.

• La participación del FMI en todo este proceso debería llevar a la reflexión y a una profunda autocrítica, dado los manifiestos errores en el pronóstico de las variables macroeconómicas.

• El asesoramiento recibido inmediatamente después de la crisis rara vez fue oportuno y acertado. Más aún, en ciertos casos parecía no tener en cuenta la situación económica concreta del país. Por lo tanto, parecería necesario dar mayor margende acción a las autoridades nacionales.

• La evolución de la economía a partir del segundo trimestre de 2002 sorprendió al FMI. El asesoramiento brindado por el Fondo, particularmente durante el transcurso del crítico 2002, no respaldó (ya sea por oponerse formalmente o por aceptar con muchas reservas) la mayoría de las medidas clave en materia de política fiscal y monetaria, y de política económica en general, adoptadas por el gobiernoargentino. Pero además falló rotundamente en sus pronósticos sobre la evolución de la economía.

• Las notables fallas de pronósticos por parte del staff del FMI estuvieron en sintonía con la falta de apoyo, o la oposición abierta, a la gran mayoría de las medidas de política económica decididas por las autoridades.

• Es preocupante que, sin contar con fundamentos sólidos ni con una adecuada comprensión de la realidad nacional, el FMI haya impulsado, sobre la base de un diagnóstico errado, la implementación de medidas que pudieron haber ocasionado costos elevados a la sociedad y ser contraproducentes en relación con los objetivos teóricamente perseguidos y la propia dinámica macroeconómica.

• Imponer reformas estructurales no debe ser el resultado final perseguido por la condicionalidad del Fondo. El consenso general es que el Fondo debería concentrarse en objetivos macroeconómicos y que únicamente justificaría definir e incluir criterios de condicionalidad estructural si ello fuera necesario para el logro de esos objetivos. Por lo tanto, el FMI debería actuar con moderación al usar la condicionalidad estructural como criterio de evaluación de resultados.

• Esto implica inmiscuirse lo menos posible en las decisiones de política económica interna, limitar la condicionalidad en materia de reformas estructurales, dar siempre a los gobiernos flexibilidad para implementar reformas estructurales en lugar de arrinconarlos con plazos perentorios o muy ambiciosos que dan lugar a una fatiga gubernamental respecto de las reformas.