Duro informe contra medidas económicas

Un duro informe fue presentado al gobierno por cuatro destacados abogados sobre las recientes medidas tomadas por el gobierno de Eduardo Duhalde, fundamentalmente el abandono de la convertibilidad y sus implicancias jurídicas.

El trabajo fue elaborado a pedido del gobierno, especialmente, del secretario Legal y Administrativo Eduardo Ratti, que quiso tener la opinión de reconocidos juristas, como Rafael Bielsa, Ricardo Foglia, Ernesto Martorell y Miguel Sanguinetti.

El informe desaconseja la adopción de cláusulas de indexación, propone generar mecanismos que induzcan a la negociación, detallar situaciones especiales y clarificar el tipo de cambio para otras divisas que no sean dólares. Asimismo, llama la atención en algunas contradicciones en la Ley de Emergencia Pública que, por ejemplo, duplica las indemnizaciones por despido sin justa causa por 180 días.

El trabajo de los juristas analiza fundamentalmente el artículo 11 de la Ley 25.561, en el que se establece la forma en la cual deberán saldarse los contratos entre particulares pactados en dólares u otras monedas extranjeras. Según recrimina, el artículo sólo fija cambio para el peso, pero no para las demás monedas, lo cual puede generar conflictos de entrada, ya que, al no existir una referencia oficial, el acreedor puede negarse a recibir el pago. Asimismo, señala que en la norma no se prevén los mecanismos de negociación ni de inducción que existirán luego de los 180 días, en que regirá el 1 a 1. Por último, explican que si no existiera acuerdo entre las partes, la ley deja librada a los jueces la resolución del conflicto. En este sentido, se advierte que esto implica la intervención judicial en la economía, estructura, intenciones y resultados de contratos.

Las siguientes son algunas de las principales conclusiones de los especialistas:

• Desaconsejamos la adopción de cláusulas de indexación o modalidades análogas, por entender que, cada vez que éstas han sido implementadas a lo largo de la historia, no sólo no han servido para preservar la necesaria equivalencia de las prestaciones, sino que, además, han agravado el deterioro económico, agudizando las desigualdades jurídicas creadas por los procesos de ajustes y devaluación de la moneda.

• La profusión de índices aplicables, tanto por las leyes, los distintos tribunales del país, como los usados por los particulares, tornaban -cuando se produjeron- muy incierta la existencia de precios de referencias y los diversos productos y servicios.

• En situaciones similares, el crédito del acreedor y el monto de la deuda del deudor dependían del criterio del tribunal o de la ley, o de la mayor ligereza o suerte en la redacción del contrato. Todo ello conspiró contra la seguridad jurídica y generó una enorme cantidad de pleitos, muchos de ellos contra el Estado, algunos de los cuales sobreviven hasta la actualidad.