Ejecuciones: ¿mediación del Estado?

Los legisladores desempolvaron un proyecto para darles más aire a las empresas después del 15 de noviembre, cuando vence definitivamente la prórroga para la suspensión de ejecuciones y remates. Se trata de un proyecto para abrir una instancia extrajudicial por 90 días para que deudores y acreedores lleguen a un nuevo acuerdo antes de que se produzca la ejecución.

El tema lo puso sobre la mesa ayer el diputado frepasista Darío Alessandro, que participó en la reunión en la que se discutió con banqueros y funcionarios del Ministerio de Economía la futura aplicación del CER en los créditos.

«Tenemos que encontrar un mecanismo para compensar a los sectores productivos que sufrirán un incremento en el monto de sus créditos», expresó el legislador, con el consentimiento de algunos de sus pares también presentes, como el diputado justicialista Rodolfo Frigeri y el senador Jorge Capitanich.

La iniciativa había sido presentada hace unos dos meses, pero luego fue archivada, ante la decisión de prorrogar por 90 días (a mediados de agosto) la suspensión de ejecuciones.

Pero con el compromiso ante el FMI de no volver a prorrogarla, se espera una ola de remates a partir de media-dos de noviembre. Hay una gran cantidad de procesos judiciales detenidos, pero que quedarían reactivados auto-máticamente.

• Recuperación

Este mecanismo fue diseñado originalmente por el Ministerio de Justicia, se denomina Programa de Reestructuración Abreviada y, de algún modo, apunta a que los acreedores recuperen (aunque más tarde de lo previsto) sus créditos.

También apunta a frenar la ola de concursos preventivos que se desencadenaría casi con seguridad en los próximos meses, al crear un mecanismo extrajudicial para saldar las disputas.

En el Congreso aspiran a introducir una nueva etapa negociadora entre deudores y acreedores antes de llegar a la instancia de remate judicial. Actuaría un mediador extrajudicial y el proceso apuntaría a repactar las condiciones de la deuda.

Para los bancos esto puede significar un duro golpe, ya que tendrían más demoras para conseguir el cobro de sus créditos. Pero los legisladores minimizaban esta objeción: «A ellos tampoco les sirve salir a rematar departamentos o maquinaria. Siempre les va a convenir alcanzar un acuerdo con el deudor».