No había más remedio que dar algún aumento a los jubilados porque si no la oleada de juicios que se avecinaba iba a hacer tambalear las cuentas fiscales. Así explicó un alto funcionario de la cartera laboral por qué se destrabó la mejora en los haberes de la clase pasiva.
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En realidad detrás del aumento a los jubilados hubo una puja entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director ejecutivo de la ANSeS, Sergio Massa, sobre la forma de aplicar el aumento. Es decir, a quiénes beneficiar. Mientras uno proponía un aumento generalizado, con tinte demagógico, otro advertía sobre el inquietante desfase salarial de los segmentos intermedios de la clase pasiva que podría significar una avalancha de juicios previsionales. Por año ingresan a la ANSeS entre 8.000 y 9.000 juicios por reclamo de ajustes en los haberes jubilatorios.Al margen del stock de juicios existentes existía la preocupación que aumentara sensiblemente el número de demandas judiciales; porque en los últimos años y sobre todo después de la devaluación se ha producido una achatamiento de la pirámide de los beneficios previsionales.
Lo que ocurrió fue que se orientaron a recomponer el haber mínimo y eso produjo que quienes perciben la jubilación mínima se han acercado a los niveles medios. De modo que los que aportaron no sólo varios años más de lo que exige la legislación, que lo hicieron para recibir un beneficio mayor que la mínima, se encuentran hace años con un haber prácticamente similar.
Técnicos y abogados de la cartera laboral recomendaron por eso recomponer los haberes de la capa media e intermedia de modo que se respetara la diferencia con la jubilación mínima y ello desalentara el inicio de reclamos judiciales.
Haber limitado la mejora a los haberes de hasta $ 1.000, si bien no eliminó el peligro de más juicios, sí lo redujo en el corto plazo.
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