El Estado debería comprar empresas nucleares de PeCom

Fuentes allegadas a Pérez Companc aseguran que el acuerdo con Petrobrás para vender PeCom a la empresa brasileña culminará el 30 de este mes tal como estaba previsto. Según esas fuentes, en esa fecha se firmaría el acuerdo definitivo de compraventa y Petrobrás pagaría la suma comprometida: 754 millones de dólares en efectivo y 370,5 millones en obligaciones de mediano plazo.

La petrolera brasileña mantiene reserva, pero dijo en un comunicado que «las dos partes tienen la expectativa de que el proceso sea concluido a fines de setiembre».

Si esto ocurre así, primero se concretará la operación y luego será sometida a la Comisión de Defensa de la Competencia, por lo que se entiende que el contrato contemplará situaciones que pudieran surgir luego de la intervención de las autoridades regulatorias.

Por el momento, como sólo hay una oferta «no vinculante» de Petrobrás, es decir, sujeta a determinadas condiciones, entre ellas el resultado del «due dilligence» y la reestructuración de los pasivos financieros de Pe-Com de Gregorio Pérez Companc, no se presentó documentación a la Secretaría de Defensa de la Competencia.

La posibilidad de concretar la venta y después someterla a aprobación, ya ocurrió en otros casos. Así, Repsol asumió el compromiso de desprenderse de determinados activos en la Argentina, luego de realizar la oferta por la mayoría de las acciones de YPF.

Después la empresa española debió aceptar ciertos condicionamientos de defensa de la competencia, como por ejemplo no vender refinería y estaciones de servicio a una empresa que ya tuviera más de 10% del mercado argentino.

Más recientemente, Eduardo Eurnekian compró LAPA a mediados de 2001, y el dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia contrario a la operación (porque el mismo grupo económico que controla aeropuertos no puede tener una línea aérea) recién se produjo en junio de este año. Tras conocer el dictamen, y aun antes de que fuera refrendado por el secretario de Defensa de la Competencia, Eurnekian decidió vender LAPA.

En el caso de Pérez Companc-Petrobrás, hay numerosos comentarios acerca de los «peligros» de que una empresa del Estado brasileño adquiera el control de dos activos estratégicos: Transener, la empresa que opera la transmisión eléctrica a nivel nacional, y Transportadora de Gas del Sur, una de las dos compañías que controlan los gasoductos troncales.

• Regulación

Las presiones en ese sentido, sin embargo, no están reflejadas en la legislación vigente ni en los pliegos de licitación de Transener o TGS. Para que Petrobrás no pudiera hacerse cargo de esos activos, el Parlamento debería modificar las leyes de marco regulatorio de gas y de electricidad.

Pero no se ven movimientos en ese sentido, porque cuando se privatizó, los pliegos incentivaron la presencia de compañías extranjeras que operaran las empresas (se hablaba entonces de la necesidad de tener experiencia previa), y no se diferenció entre extranjeras estatales o privadas. Así ingresaron al país empresas estatales europeas como Electricité de France, Stet de Italia y la propia Telefónica de España que en 1991 todavía no había sido transferida a manos privadas.

En cambio, Petrobrás no podrá hacerse cargo de dos activos de PeCom: Conuar y FAE, dos empresas que producen combustible nuclear y en las cuales Pérez Companc tiene 67% de participación en cada caso, mientras 33% restante pertenece al Estado nacional. Porque en los estatutos sociales está prohibida que el accionista privado sea extranjero.

Según trascendió, esos activos quedarían entre paréntesis en la operación Petrobrás-Pérez Companc. Esta quiere venderlos al igual que sus otros activos energéticos, y el Estado tiene prioridad para comprar, aunque no se cree que ni el gobierno actual ni el próximo destinen recursos para ese fin.

Si Pérez Companc insiste en vender Conuar y FAE y, como se prevé, no es fácil obtener compradores, el gobierno podría verse obligado a modificar por decreto los estatutos de esa sociedad.

En principio, la norma podría fundamentarse en el tratado nuclear con Brasil, que prevé la formación de empresas mixtas en esa actividad. Pero tampoco se ve que el gobierno de Eduardo Duhalde tenga alguna intención de firmar ese decreto.

En cuanto a las objeciones de la Comisión de Defensa de la Competencia, se estima que ésta exigirá el cumplimiento de requisitos menores desde el punto de vista económico, como la venta de estaciones de servicio en algunas localidades del interior, donde los surtidores de Eg3, ya controlada por Petrobrás, y los de Pérez Companc (San Lorenzo) les otorgarían a los brasileños una posición dominante.