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Este plan integral de restablecer una red nacional de ferrocarriles es posible de ser realizado, incluso con muchos recorridos que bien podrían ser rentables para quien esté a cargo de su gerenciamiento, sea el Estado nacional como algún concesionario privado.
¿Por qué decimos que este plan integral de recuperación de los ferrocarriles es hoy algo posible? Porque está cimentado en una serie de acciones que se fueron tomando en pos de dejar sentadas las bases para un futuro desarrollo ferroviario.
Después del proceso de desinversión provocado por el gobierno de la Alianza, en el que se utilizó el ferrocarril como una de las variables del ajuste económico, esta secretaría, desde el comienzo de su gestión, ha procurado sostener y garantizar la supervivencia de este sistema de transporte.
Una serie de medidas ha contribuido a alcanzar ese objetivo. En este sentido se pueden mencionar: el sostenimiento de todas las tarifas a los niveles que regían en el año 2000 -frente al fenómeno inflacionario y el impacto de la devaluación en repuestos e infraestructura-, dotando al servicio de un carácter eminentemente social; el mantenimiento de todas las fuentes de trabajo del sector y el incremento del nivel de seguridad en los trenes y estaciones. A esto también se podría agregar que por primera vez en la historia pudo concretarse el cobro de las penalidades acumuladas desde el principio de las concesiones respecto de los servicios ferroviarios de pasajeros, imponiéndose uno de los principios ordenadores de la gestión privada de los servicios públicos, cual es la eficacia sancionatoria del Estado.
Por todo esto, consolidada esa primera etapa, y superado el peligro inminente que afectaba a principios de 2002 en forma directa la continuidad del modo ferroviario de transporte, es que apoyamos y coincidimos con las propuestas de los gremios que nuclean a los trabajadores ferroviarios en cuanto a un proyecto federal. Una iniciativa que tenderá a la consecución de un objetivo más ambicioso: asegurar la presencia del ferrocarril como medio de transporte en todo el país, con trazas diseñadas con un auténtico sentido integrador. Además de volver a poner en funcionamiento una cantidad importante de ciudades que se construyeron en torno a las estaciones del tren y que hoy son verdaderos «pueblos fantasma».
Este proyecto, además de constituir un importantísimo eje reactivador de la economía, tanto a escala nacional como local, está llamado a generar un mínimo de 30.000 puestos de trabajo directos, más los que se creen de manera indirecta de acuerdo con el avance de las obras.
La financiación de este plan se enmarcará en el necesario reordenamiento de los fondos fiduciarios que tendrá que encarar la próxima administración. En ese sentido, el proyecto requiere la redistribución del actual fondo fiduciario llamado Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), destinando para estas obras un total de 300 millones de pesos por año. Esta cifra permitirá construir alrededor de 1.000 kilómetros de vías anualmente con capacidad para resistir el paso de trenes modernos que puedan circular a una marcha de entre 100 y 120 kilómetros por hora. El financiamiento tiene la garantía que otorga el fondo fiduciario, por lo que también se pueden esperar inversiones privadas o créditos de organismos multilaterales que aceleren el proceso.
En síntesis, es hora de que el Estado argentino recupere el protagonismo en la toma de decisiones, en la planificación y en el rediseño del transporte ferroviario de pasajeros de larga distancia, incluyendo la participación de los trabajadores de los sectores empresarios. Quien no comprenda la necesidad de este cambio cartesiano en el concepto del ferrocarril como vehículo para el desarrollo, corre el riesgo de no comprender el rol del transporte de los próximos años.
La reactivación del sistema ferroviario nacional de pasajeros de larga distancia no sólo implica acercar a los argentinos en un país más integrado y federal, sino también más trabajo, más crecimiento y una mejor calidad de vida para todos.
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