4 de abril 2002 - 00:00

El plan social busca reactivar inyectando $ 3.000 millones

El gobierno lanzó anoche por decreto un plan de asistencia a jefes de hogar desocupados, que beneficiará a más de un millón de familias, con $ 150 mensuales, a cobrar a partir del 15 de abril. El programa permitirá una inyección de hasta -en el caso de una máxima adscripción de beneficiarios- $ 3.000 millones para consumo, lo cual puede implicar algún tipo de reactivación del gasto en bienes de consumo alimentario, además de paliar una grave desigualdad social. En gran parte se financiará con el aumento en retenciones a exportadores. Pero lo más importante es que no se trata de una simple dádiva. En este caso, y emulando el modelo Córdoba (donde ya funciona con éxito un mecanismo similar para combatir el desempleo), se habilitarán empresas privadas que tomen a estos desocupados, pagándoles la diferencia entre los $ 150 que aporta el Estado y el sueldo mínimo establecido por el convenio salarial del gremio. Es decir que se intentará crear trabajo genuino. Podrán acogerse al plan, que gerenciará el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, jefes y jefas de hogar con hijos de hasta 18 años -con regularidad escolar- o discapacitados de cualquier edad. También lo recibirán jóvenes sin empleo y los mayores de 60 años que no cobren jubilación, previo relevamiento de los padrones de la ANSeS.

Eduardo Duhalde lanzó ayer por TV por decreto el nuevo plan de asistencia social de $ 150 a jefes de hogar desocupados, con hijos de hasta 18 años y certificado de escolaridad, que podrán desempeñarse en empresas que suscriban convenios con provincias y municipios. Al mediodía, el Presidente reveló detalles delante de diputados y senadores en Olivos y, a la noche, publicitó el programa por cadena nacional.

De manera imprecisa, a los legisladores les comentó que beneficiaría a 1,2 millón de familias, aunque esa cifra podría trepar a 1,4 millón. «Al asumir, pensé que rondaba las 634 mil personas en esa condición», sostuvo, mientras se ocupaba de hacer callar a los inquietos plateístas. « Silencio, muchachos, por favor», pidió un par de veces.

Al final del almuerzo que se sirvió en la quinta, se proyectó en pantalla gigante el spot publicitario («Argentina de pie y en paz»), que alude en reiteradas oportunidades a la inconveniencia de prestarse a gestores para acogerse al plan que administrará el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, con ayuda de los padrones de la ANSeS.

«Este programa se financia con impuestos a las exportaciones (retenciones) y con la eliminación de jubilaciones de privilegio, la reducción de la burocracia administrativa y del costo de la política», enumeró Duhalde en el mensaje televisivo que se grabó por la mañana. No obstante, no queda claro el costo fiscal: podría llegar a $ 3 mil millones, si bien todavía la reforma política no obtuvo sanción definitiva del Congreso y no pasa de ser un decálogo de buenas intenciones.

Según el presidente designado, «a más tardar el 15 de mayo no puede quedar ninguna familia argentina sin ingresos» y culpó al modelo económico «de exclusión» de haber sumido en la pobreza a millones de argentinos. De hecho, espera poder pagar el 15 de abril a los primeros beneficiari os.

El Presidente dijo que el decreto que firmó ayer «
establece que en sólo 45 días, con la colaboración de todas las provincias, los municipios, las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y de otras religiones, las asociaciones de desocupados, de empresarios y las organizaciones no gubernamentales, serán inscriptas todas las familias acreedoras a este derecho».

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