El gobierno enviará al Congreso en los próximos días un paquete impositivo (son por lo menos cinco proyectos de ley) destinado a aumentar en más de $ 900 millones anuales la recaudación. Concretamente no tratan de la creación de impuestos, sino que la base del paquete es la eliminación de beneficios o exenciones. Nuevamente se buscará terminar con el subsidio a las naftas en la Patagonia. Con esta medida, que ya intentaron sin éxito los ex ministros Roque Fernández y Ricardo López Murphy, se recaudarían como mínimo $ 230 millones anuales. También el gobierno quiere aprovechar el buen momento de las exportaciones, incluyendo en el pago de Ganancias los reembolsos que reciben las empresas por sus ventas al exterior. Por este rubro se obtendrían unos 300 millones de pesos extra. Es una manera de mejorar además el resultado anual del Impuesto a las Ganancias, muy castigado por las consecuencias de la recesión. Otra medida es terminar con los resabios de los fallidos planes de competitividad que lanzó Domingo Cavallo el año pasado. En este caso, se buscará eliminar las exenciones en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Se podrían así obtemás de 300 millones de pesos por esta vía. Se buscará también aplicar una alícuota de 1% cuando el contribuyente liquide impuestos nacionales a través de LECOP o patacones. En este caso, se obtendrían 80 millones de pesos. El pago se haría con los mismos bonos -no en pesos- y lo obtenido iría a financiar los planes de Jefas y Jefes de Hogar que también se liquidan en títulos públicos. Otra medida será la extensión de 5 a 10 años del período por el cual las empresas pueden computar las pérdidas generadas por quebrantos. Esta fue reclamada por muchas multinacionales y empresas privatizadas. Se podrían computar así las consecuencias de la salida de la convertibilidad y aliviar al menos contablemente a las empresas que tuvieron que recurrir al concurso o la quiebra para poder continuar operando. Las medidas se enviarán al Congreso de manera independiente y en diferentes proyectos de ley. El equipo de Roberto Lavagna quiere que el paquete esté aprobado en lo posible antes de octubre, para que pueda aplicarse sin problemas en 2003.
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